El Govern ha aprobado un Decreto ley para regular las viviendas de uso turístico mediante la obtención de una licencia urbanística previa y de una autorización turística en 262 municipios de toda Calalunya. De éstos, 39 están ubicados en el Alt Pirineu y Aran. donde afectará principalmente a las estaciones de esquí de Baqueira Beret, Boi Taüll, Port Ainé, Espot, La Molina y Masella.
Se trata de poblaciones que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente o que tienen ya más de 5 pisos turísticos por cada 100 habitantes, o bien que cumplen ambos requisitos. Estos municipios no podrán otorgar licencias de apertura de pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo Decreto-ley.
La aparición del fenómeno de los pisos de uso turístico es una de las causas de la disminución del número de viviendas que se alquilan como alojamiento permanente. Esto se debe a que estas viviendas no son de nueva construcción, sino alojamientos existentes que cambian de orientación, de residencia permanente a temporalidad comercial. La tendencia dificulta aún más el acceso de las personas y familias a un hogar habitual en un momento de crecimiento de la demanda de alquiler y en un contexto de incremento de la población catalana.
Por ello, el Gobierno ha adoptado medidas urgentes mediante este Decreto ley, para evitar que se incrementen los cambios de usos en pisos turísticos específicamente en zonas donde el acceso a la vivienda ya presenta problemas y donde la excesiva concentración de pisos turísticos comporta problemas de convivencia y gentrificación. Para regular su implantación, se ha optado por la modificación del texto refundido de la Ley de urbanismo.
Los cambios afectan a un número reducido de municipios. En concreto, los que cumplen uno o dos de los siguientes requisitos:
- 140 municipios con demanda de vivienda acreditada y mercado tensionado.
- 134 municipios con existencia actualmente de más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes.
En total, teniendo en cuenta que hay municipios que cumplen ambos requisitos, el Decreto ley afecta a 262 municipios de toda Cataluña y 39 del Alt Pirineu y Aran, todos ellos directamente relacionados con el turismo de esquí.
Por comarcas, los 39 municipios del Alt Pirineu y Aran se distribuyen de la siguiente manera:
- Aran (5): Arres, Es Bordes, Alt Aran, Vielha y Mijaran y Vilamòs.
- Alta Ribagorça (1): la Vall de Boí.
- Alt Urgell (4): Arsèguel, Cava, Josa i Tuixén, y la Seu d'Urgell.
- Cerdanya (14): Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Montellà y Martinet, Prats y Sansor, Puigcerdà, Riu de Cerdanya, y Urús.
- Pallars Jussà (4): Castell de Mur, Torre de Capdella, Senterada y Tremp.
- Pallars Sobirà (11): Alins, Alt Àneu, Baix Pallars, Espot, Esterri d'Àneu, Farrera, la Guingueta de Àneu, Llavorsí, Rialp, Sort y Vall de Cardós.
En estos municipios, los ayuntamientos tendrán que modificar su planeamiento urbanístico para permitir expresamente la compatibilidad del uso turístico con el de vivienda. Esto sólo será posible si, al mismo tiempo, también pueden justificar que cuentan con suelo suficiente para viviendas destinadas al domicilio habitual y permanente de la población residente. Y, en cualquier caso, podrán otorgarse como máximo 10 licencias de pisos turísticos por cada 100 habitantes en estos municipios.
Los nuevos pisos turísticos que se quieran instalar en estos lugares tendrán que pedir una licencia urbanística municipal y una autorización turística previamente a la apertura, que serán vigentes durante cinco años renovables. Sin embargo, en los municipios afectados no se podrá otorgar ninguna licencia nueva desde que entre en vigor este Decreto ley y hasta que los ayuntamientos no actualicen su planeamiento.
El listado de municipios afectados por la nueva regulación se actualizará cada cinco años mediante orden del consejero o consejera del Departamento de Territorio, previa audiencia a los ayuntamientos.
Régimen transitorio
En cuanto a los pisos turísticos existentes y debidamente habilitados en los 262 municipios, sus titulares dispondrán de un margen de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística, a contar desde la entrada en vigor del Decreto ley, o tendrán que cesar la actividad. En estos cinco años, los ayuntamientos afectados tendrán que haber modificado su planeamiento municipal y, por tanto, estar en condiciones de dar respuesta a estas solicitudes.
Se calcula que esta obligación de obtener la nueva licencia afectará a un total de 95.094 pisos de uso turísticos existentes en toda Cataluña. En los 39 municipios del Alt Pirineu y Aran afectados por el Decreto ley, hay registrados actualmente 4.278 viviendas de uso turístico.
Sin embargo, los y las titulares de los pisos turísticos existentes podrán pedir a su ayuntamiento una prórroga de otros cinco años añadidos si acreditan que no pueden compensar las pérdidas patrimoniales. El régimen transitorio de cinco años, y la eventual prórroga de otros cinco años, operarán como mecanismo indemnizatorio de los y las titulares a los que no les sea posible continuar la actividad como consecuencia de la nueva regulación.
Los alcaldes del Pirineo de Lleida celebran la nueva normativa
El municipio aranés de Naut Aran, donde no se alcanzan los 2.000 habitantes, ha concedido más de 1.200 licencias de pisos turísticos. Ahora la regulación del Govern estipula, entre otras cosas, que las licencias estarán limitadas a un máximo de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes. El alcalde de Naut Aran, Cèsar Ruiz, ha dicho que ve bien la regulación y confía en que la norma sea muy clara para saber cómo actuar en estas más de 1.000 licencias con las que se sobrepasa su municipio. Ruiz ha añadido que este tope hubiese tenido que ponerse ya en el momento de autorizar a los ayuntamientos a otorgar licencias de pisos turísticos.
A la mayoría de alcaldes del Pirineo, esta regulación que acaba con las licencias de pisos turísticas eternas e impone la obligación de renovarlas cada cinco años con un permiso que emitirán los ayuntamientos, les ha cogido por sorpresa y a la espera de conocer los detalles de la norma.
El alcalde de Llavorsí, en el Pallars Sobirà, Josep Maria Vilal, y la de la Vall de Boí, en la Alta Ribagorça, Sònia Bruguera, han coincidido en celebrar la noticia dado que el acceso a la vivienda es un tema que preocupa y ya hace tiempo que debía haberse regulado.
El alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, ha dicho que su Ayuntamiento ya tiene limitadas las licencias de pisos turísticos y que ya no podía dar más porque había llegado a su tope. Para Sabarich el Govern llega tarde en este tema.
Los Ayuntamientos de la Cerdanya optimistas con la nueva Ley
La alcaldesa de Bellver de Cerdanya, Laia Serra, cree que la regulación sobre los apartamentos turísticos anunciada este martes puede ser una muy buena herramienta para evitar que se produzca un afloramiento masivo de pisos de este tipo. De hecho, el consistorio aprobó una ordenanza a finales del año pasado para limitar el nombre de licencias, labra suspendida después de recibir varias alegaciones.
Mientras, la alcaldesa de Urús, Maria Sans, reconoce que existe un problema de acceso a la vivienda, tanto en su municipio como el conjunto del Pirineo y en muchos puntos del país. Sin embargo, cree que uno de los principales obstáculos está en el hecho de que no disponen de suelo para poder impulsar un parque de pisos sociales y que, para obtenerlo, tienen que crecer urbanísticamente.
El Ayuntamiento de Puigcerdà ha decidido actuar de inmediato ahora que tiene las herramientas para hacerlo, suspendiendo la concesión de nuevas licencias para pisos turísticos. Según han indicado desde el consistorio, la medida se ha adoptado después de la declaración del municipio como "zona tensada" y con la finalidad de abrir un periodo de análisis y reflexión y redactar una nueva normativa.
