El problema parece que viene de lejos. Ayuntamientos y Gobierno de Aragón no se ponen de acuerdo en quien se debe hacer cargo de la construcción de las depuradoras. En 2010 la la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Acciona y Comsa se hicieron con la contrata para construir estas instalaciones que debían depurar las aguas antes de devolverlas al río, pero la realidad es que siete años después no solo no se ha construido ninguna, sino que esta empresa ha acudido a los tribunales para solicitar la resolución del contrato y reclamar, además, una indemnización de 7 millones de euros.
La construcción de esta obra se ha parado en sucesivas ocasiones bien por decisiones judiciales o al ritmo que cambiaba el color político de la DGA, y un proyecto que en 2009 pretendía hacer del Pirineo de Aragón, cabeza europea en materia de depuración en zonas de montaña, ha acabado por ser líder en Europa pero por algo totalmente distinto tal como detalló El Heraldo de Aragón en la noticia La empresa concesionaria de 60 depuradoras sin construir pide rescindir el contrato y 7 millones publicada hace un año.
Unos meses después, la Mancomunidad del Valle del Aragón (Aísa, Borau, Canfranc, Castiello de Jaca y Villanúa) anunció que tomaría la iniciativa e intentará solucionar por sí misma este problema, después de ver preocupados que el contencioso tiene para largo. No obstante el mayor problema es buscar la financiación para estas instalaciones, tal como el mismo Heraldo de Aragón informa en El valle del Aragón toma la iniciativa y buscará financiación para construir las depuradoras, donde se añade que el Ayuntamiento de Villanúa además quiere ir a los tribunales y denunciar el convenio firmado con el Gobierno de Aragón en 2007, que mantiene bloqueados los proyectos.
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