Los terrenos donde están las pistas y remontes de la estación de Candanchú son de la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa. Y el contrato de concesión caduca en 2035. Así se desprende de un juicio que han tenido las dos partes por un desacuerdo en el pago del canon por usar esas montañas.
Cuantos más meses abra, más debe pagar a la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa. La llegada del COVID en 2020 y el confinamiento decretado por el Gobierno, obligó a cerrar todas las instalaciones de Candanchú a partir del 15 de marzo. A la empresa propietaria de la estación de esquí, ETUKSA, se le concedió una rebaja del 22% del canon, más o menos los ingresos económicos que se calcula perdieron por el cierre anticipado. Así, acabó pagando 73.682 euros en lugar del canon total que le tocaba.
Cuando llegó la temporada 2020-2021 el Covid aún seguía muy presente. Todavía no había vacuna, y se decretaron restricciones de movilidad que en algunos casos eran comarcales y otros provinciales. Incluso se dio el caso que el movimiento de personas se cerraba a comunidades autónomas.
En Aragón regía la restricción provincial. Así que a las estaciones de su Pirineo solo podían llegar esquiadores de Huesca. Ante ese panorama Aramón decidió no abrir, y Candanchú optó por lo mismo. Solo Astún se puso en marcha. Dadas las circunstancias tampoco había mercado para más.
Como en 2020 se le concedió un descuento del 22% por el cierre anticipado, ETUKSA pidió que se le liberara del canon en 2021 ya que no abrió un solo día. La Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa no estuvo de acuerdo y acabaron en juicio. El Juzgado de lo Contencioso de Huesca determinó que Candanchú debía abonar 112.023 euros: 95.219’96 por el canon y 16.803,52 “en concepto de fondo de mejoras”.
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ETUKSA recurrió la sentencia, pero ahora Maria José Cía, magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Zaragoza, ha mantenido la primera decisión de su compañero de Primera Instancia en Huesca. Afirma que no es culpa de Aisa que Candanchú decidiera cerrar y que no se puede achacar las pérdidas económicas de una empresa
El juicio ha servido también para desvelar que el acuerdo actual para explotar comercialmente los terrenos de la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa expira en 2035, por lo que dentro de 12 años debería volver a salir a concurso la concesión de esos montes, a no ser que ETUKSA llegue a un acuerdo previo con la la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa.
El acuerdo se firmó con el INAGA en 2005 por un total de 90.609 euros anuales que luego se ha ido incrementando en función del IPC. La concesión da derecho al uso privativo de una serie de terrenos pertenecientes al municipio de Aisa repartidos en 259 hectáreas, y por los que actualmente se paga 95.219,96 euros tras ir aplicando los sucesivos incrementos del IPC.
