Izquierda Unida ha solicitado a la oficina europea de lucha contra el fraude que investigue un posible conflicto de intereses en el proyecto de unión de las estaciones de esquí de Formigal y Astún por Canal Roya, en el Pirineo aragonés, impulsado por el Ejecutivo autonómico y que se financiaría con fondos europeos.
Así lo han anunciado este lunes el coordinador general de Izquierda Unida en la Comunidad, Álvaro Sanz, y la eurodiputada de la formación política Sira Rego, en una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Zaragoza.
“IU ha registrado en el ámbito de la oficina europea de lucha contra el fraude un documento en el que exponemos que el cómo se está gestionando este proyecto puede dar lugar a un conflicto de intereses que es susceptible de investigación por la oficina”
En ese sentido, ha relatado que estos fondos para la sostenibilidad turística fueron solicitados a Europa en diciembre por la Diputación de Huesca y que en enero se firmó un convenio que puso de manifiesto que el proyecto requerirá “de la participación de sociedades que son privadas”, es decir, Aramón. Esta sociedad está participada al 50 % por el Gobierno de Aragón y al 50 % por Ibercaja y gestiona, entre otras, la estación de esquí de Formigal.
Al respecto, el también diputado en las Cortes ha relatado que la consejera de Economía de Aragón, Marta Gastón, es presidenta de Aramón “por razón de su cargo” y “trabajadora” de esta sociedad, en un contexto en el que fue la estación de Formigal la que solicitó la declaración del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del proyecto.
Sanz ha recordado que ese PIGA se aprobó
“pese a un informe desfavorable de la dirección general de Ordenación del Territorio del Gobierno autonómico y que, en sede parlamentaria, Gastón, que es trabajadora en excedencia de otro de los socios, afirmó que el proyecto se va a llevar a cabo y que no tiene marcha atrás.
Por ello, me parece cuando menos una temeridad hacer estas afirmaciones, además de una falta de transparencia y de rigor en la gestión.
Veo una posible situación de conflicto de intereses el hecho de que la presidenta de la misma empresa que va a impulsar el PIGA sea, de alguna manera, la que autorice ese PIGA, además de ser una de las firmes y más beligerantes promotoras de este proyecto.
se da la casualidad de que las personas que están tanto en el ámbito de la empresa privada por razón de su cargo como en el Gobierno de Aragón, en el marco de los departamentos implicados, son las mismas.
A nuestro juicio, hay hechos más que fundados para que haya una investigación profunda en la que se aclaren hasta las últimas consecuencias posibles casos de incompatibilidad”
Sobre esta cuestión, ha explicado que, teniendo en cuenta que es un proyecto que suscitará la gestión de fondos europeos,
“hay que elevarlo a un órgano de fiscalización y de control como es la oficina de lucha contra el fraude, porque puede haber un conflicto de intereses importante”.
Por su parte, Rego afirmó que desde Izquierda Unida creen
“que la utilización de estos fondos para desarrollar proyectos que nada tienen que ver con la sostenibilidad es una auténtica barbaridad.
Hemos trasladado a la oficina europea de lucha contra el fraude el posible conflicto de intereses que se podrían dar en este proyecto al ser juez y parte”.
Rego ha relatado que esta oficina maneja un plazo de aproximadamente dos meses para considerar si admite o no a trámite la petición de IU y que, de hacerlo, el procedimiento habitual en estos casos suele prolongarse durante 12 meses de investigación.
“Nosotros, en cualquier caso, hemos pedido la posibilidad de que se planteen medidas cautelares para la paralización del proyecto. En IU estamos dispuestos a utilizar todos los instrumentos a nuestro alcance para evitar que se construya esta aberración de proyecto, y proteger el paraje de Canal Roya”
