La empresa que gestiona la estación (una de las dos aragonesas no integradas en el hólding semipúblico Aramón) atraviesa una convulsa etapa en la que afronta embargos judiciales promovidos por algunos acreedores y tiene en el horizonte de dos semanas (el 31 de octubre) una decisiva junta de accionistas.
Antes de que pueda llegar esa situación, la empresa ha optado por las posibilidades que el artículo 5 bis de la Ley Concursal brinda a las compañías con problemas de liquidez: un periodo de tres meses "para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio" en la que los acreedores pueden aceptar reducciones de los débitos de hasta el 50% y aplazamientos de hasta ocho años.
Ese precepto legal sitúa a las empresas en una especie de limbo legal que les exime de la obligación de pedir el concurso voluntario pero, al mismo tiempo, obliga a solicitarlo en el cuarto mes "a menos que no se encontrara en estado de insolvencia". Y, en ese caso, los gestores asumen el riesgo de que el juez considere que se trata de un concurso necesario, opción en la que son apartados de la gestión y esta queda en manos de los interventores judiciales.
Fuentes conocedoras del proceso explicaron que uno de los objetivos de los responsables de Etuksa consistiría en obtener en ese periodo avales de en torno a tres millones de euros con los que consideran que podrían cubrir la deuda y lograr una línea de financiación para reflotar el complejo invernal.
La búsqueda de liquidez de Etuksa se antoja urgente ante la cercanía de la campaña de esquí y la necesidad de tener la estación completamente operativa. A su favor juega, no obstante, la procedencia de su público habitual: la cornisa cantábrica, una de las áreas de España menos azotadas por la crisis.
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