El futuro de San Glorio y Meseta-Ski se lleva a Bruselas
Los proyectos de construcción de sendas estaciones arrastran desde hace años numerosas protestas y sentencias en contra, pese a lo que siguen adelante. Para la Coordinadora Verde, la Junta utiliza una argucia legal, declarar ambos lugares de interés regional, para lo que fue necesaria la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, por la cual había sido creado el parque natural de Fuentes Carrionas, además de ser participante accionario de la empresa que llevaría a cabo la construcción.
Se trata de “una nueva estrategia que intenta desacreditar las decisiones de los tribunales”, declara Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora, que añade que esta estrategia pone de manifiesto los numerosos intereses especulativos que se esconden tras ambos proyectos. Asimismo, dice que son las autoridades quienes deberían dar ejemplo al respetar y someterse a las leyes, en lugar de utilizar la picaresca de “quien hace la ley, hace la trampa”.
Entre las motivaciones que elevan su lucha a Bruselas, la Coordinadora señala que la construcción tanto de la estación de Tordesillas como de la de San Glorio afectarían a zonas protegidas por la Red Natura 2000, la red ecológica europea de áreas de conservación por la biodiversidad, por la que se deben respetar las Directivas Aves y Hábitat, que tienen por finalidad asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de Europa.
Este tipo de normativa autonómica desarrollada por la Junta de Castilla y León ya se ha visto en otras comunidades autónomas, como en Extremadura, con el proyecto para la construcción del embalse de Valdecañas, y en Aragón, con el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler a través del valle de Castanesa.
La Coordinadora Verde advierte también del riesgo que supone la utilización de este tipo de normativas, ya que ignora otras normativas que son de obligado cumplimiento, como las directivas europeas o las leyes estatales, y especialmente porque sobrepasan las potestades legislativas atribuidas a las comunidades autónomas.