Según fuentes cercanas al caso, ante el juzgado de Vielha ya han declarado unos 20 propietarios y ante la Guardia Civil, otra veintena de propietarios de bordes. Además, la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil ha solicitado al departamento de Política Territorial la documentación de estas edificaciones. Según fuentes cercanas a la investigación, parte de las diligencias actuales tienen como objetivo determinar la antigüedad de estas construcciones, ya que los delitos contra la ordenación del territorio prescriben en un plazo de entre tres y cinco años después de la ejecución de las obras.
Una vez analizada esta documentación, la fiscalía de Lleida deberá decidir si continúa con la acusación o pide el archivo de las causas. Al menos una docena de denuncias salieron del departamento de Política Territorial, que envió a la fiscalía una docena de expedientes por irregularidades en cabañas aranesas. La mayoría de estas edificaciones se encuentran en Naut Aran. En el último año, Ayuntamientos y particulares han denunciado irregularidades en la rehabilitación de bordes e incluso nuevos edificios en suelo rústico, bajo licencias municipales para restaurar antiguas cabañas.
Por su parte, las autoridades de la Val d'Aran han anunciado la creación de un catálogo de bordas para regular los usos y frenar la proliferación de viviendas en suelo no urbanizable.
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