Parte de las diligencias se llevaron a cabo el pasado verano, cuando el juez y miembros de la policía judicial de la Guardia Civil inspeccionaron diferentes edificios de la Val d'Arán, a raíz de diferentes denuncias presentadas por la Generalitat y particulares. Según fuentes cercanas a la investigación, parte de las diligencias actuales tienen como objetivo determinar la antigüedad de estas construcciones, ya que los delitos contra la ordenación del territorio prescriben en un plazo de entre tres y cinco años después de la ejecución de las obras.
Al menos una docena de denuncias salieron del departamento de Política Territorial, que ha remitido a la fiscalía de Lleida unos doce expedientes de disciplina urbanística por irregularidades en cabañas aranesas. Así lo corroboraron fuentes de la Generalitat, que indicaron que la mayoría de estas edificaciones se encuentran en el municipio de Naut Aran. En el último año, también ayuntamientos y particulares han denunciado irregularidades en la rehabilitación de bordes e incluso nuevos edificios en suelo rústico del valle, bajo licencias municipales para restaurar antiguas cabañas.
De esta manera, el ayuntamiento de Canejan denunció ante la fiscalía de Lleida el pasado mes de enero la construcción ilegal de dos viviendas en fincas rústicas, edificadas al amparo de un permiso municipal para restaurar una única borda. Se suman numerosas denuncias de la asociación ecologista Avalon Aran por sucesos similares en diferentes municipios de la Val, si bien más de una decena fueron archivadas en su día por el juzgado de primera instancia e instrucción de Vielha.
Sin embargo, algunas de las denuncias de esta entidad ante la Generalitat han desembocado desde el año 2008 en expedientes sancionadores de Urbanismo que, como en el caso de bordas en Gausac, reclaman el derribo de estas edificaciones.
Investigación
El presidente de Avalon Aran y su abogado son actualmente objeto de una investigación por presuntas extorsiones a empresarios de Aran a cambio de no denunciar presuntas irregularidades en materia urbanística y ambiental. La actividad de la asociación quedó suspendida provisionalmente durante un año el pasado mes de abril por orden judicial.
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