En 2005 y 2007 el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se hizo con la titularidad y el control de las dos principales estaciones pallaresas, Port Ainé y Espot, en situación de concurso de acreedores. El objetivo, según fuentes oficiales, era conseguir sanearlas y reincorporarlas en seguida en el mercado privado. La experiencia de estos años de intervención pública en las dos estaciones ha sido «muy satisfactoria», según el delegado del gobierno de la Generalitat en el Alt Pirineu i Aran, Víctor Orrit, ya que «se ha garantizado la continuidad de una actividad muy importante para la economía del Pallars», y se ha conseguido la implicación de un conjunto de empresas locales y ayuntamientos que, agrupados bajo el nombre Gran Pallars SL, gestiona las dos estaciones.
Además, en 2006 se puso en servicio el plan director de las estaciones de montaña, que prevé una serie de ayudas e inversiones en las 16 estaciones catalanas hasta el 2011. En el plan se habían presupuestado más de 71 millones de euros entre inversiones, subvenciones y créditos del ICF, con los cuales las estaciones pueden modernizar las instalaciones y accesos.
Este padrinazgo público de las estaciones de esquí por el gobierno revela la gran importancia que tienen en la economía de montaña. Boí-Taüll, por ejemplo, con medio millar de trabajadores entre directos e indirectos, es el principal generador de puestos de trabajo en el área de la Alta Ribagorça, y asegura que los hoteles, apartamentos turísticos, tiendas y restaurantes estén llenos en invierno. En este sentido, las estaciones de esquí han sustituido la función que habían tenido hasta los años 80 las compañías eléctricas y las grandes instalaciones hidráulicas. Estas instalaciones fueron grandes fuentes de empleo y de actividad económica, hasta que la automatización de su gestión y la centralización del servicio las vació de trabajaores, de manera que se destruyeron cientos de puestos laborales.
En la Alta Ribagorça temen ahora que la historia se repita con Boí-Taüll, a raíz de la crisis en que se ha visto inmerso el propietario, el grupo inmobiliario Nozar. Esta empresa ha entrado en 2008 en situación de concurso de acreedores y la estación de esquí figuraba incluso en el aval para pagar una deuda a Colonial. De momento, la Generalitat ha observado esta crisis de lejos y no se plantea repetir el rescate de Espot y Port Ainé. «Son situaciones diferentes: en Espot y Port Ainé el Institut Català de Finances era el acreedor mayoritario, mientras que en el caso de Nozar los acreedores son privados."
Además, la estación en sí es viable, pese a los problemas internos que tenga el máximo responsable. Según los directivos de Boí Taüll Resort, la estación abre con normalidad y con total autonomía y los resultados son buenos. Sin embargo, este año se ha ajustado la plantilla, se ha reducido el periodo de apertura de la temporada y ha ampliado capital con un crédito del ICF. Al mismo tiempo, también se plantea una ambiciosa ampliación del 150% de las pistas.
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