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Jordi Salvia, jefe del área de investigación criminal del Pirineo, informó ayer de que la investigación se inició a principios de año. Un par de empresarios pusieron a los Mossos sobre la pista al denunciar que Carlos Montero, de 53 años y vecino de Gausac, les había exigido dinero bajo amenaza de someterles a un estricto control y llevarlos ante los tribunales si detectaban la existencia de la más mínima irregularidad en sus negocios. Montero habría contado con la ayuda del abogado de Avalón, Miquel C. R., de 45 años y vecino de Lleida, según la policía autonómica, que aunque también puesto a disposición judicial, hoy ha salido en libertad con cargos.
Los Mossos tiraron del hilo y la sorpresa llegó, indicaron fuentes cercanas al caso, con el análisis de las cuentas de la asociación Avalón. Los agentes constataron la existencia de donaciones, a través de ingresos bancarios, de diferentes empresarios de Aran. Ante la sospecha de que esos generosos mecenas hubiesen podido ser extorsionados, los Mossos decidieron contactar con ellos. A partir de esas entrevistas, se pudo elaborar una lista en el que constan ya una decena de empresarios, que admiten haber pagado esas cantidades bajo amenazas.
Jordi Salvia recalcó que el presunto pago de estas empresas a los conservacionistas de Avalón no hay que interpretarlo como un señal de que todos esos negocios habían cometido irregularidades. "Creemos que la mayoría de esos empresarios pagaron por miedo a verse inmersos en causas judiciales, para evitar enfrentamientos con los ecologistas o un control exhaustivo de sus actividades". El mismo Mosso d´Esquadra añadió que, en principio, no existen evidencias de actividades irregulares de una sola de las víctimas de la supuesta extorsión.
