El contrato, al que ha tenido acceso El Heraldo de Aragón, deja bien claro que el intermediario no puede contactar con el Gobierno de Aragón ni con Aramón, el ‘holding’ de la nieve participado a partes iguales por la DGA e Ibercaja.
«Queda excluido de este acuerdo las negociaciones entabladas entre Etuksa y el Gobierno de Aragón y Aramón»
El acuerdo de comercialización, que el negociador podía ceder a un tercero con acuerdo mutuo, establecía también la posibilidad de fichar a alguna firma para que operase la estación. El contrato establece una duración de dos meses, por lo que su vigencia expira dentro de una semana.Las gestiones del intermediario no han debido fructificar, ya que Roldán pactó hace dos semanas con la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, que Aramón asuma la gestión por un año con el único objetivo de rescatar la estación del cierre, aunque ahora está en suspenso. Este pacto suponía la salida de Roldán como máximo responsable tras casi 40 años.
La crítica situación económica y financiera de Etuksa salió ayer a relucir en su consejo de administración, en cuyo orden del día estaba la notificación del preconcurso de acreedores presentado el lunes por la situación de insolvencia en la que se encuentra la sociedad. Sus miembros guardaron silencio sobre las deliberaciones, especialmente sobre la intención expresada horas antes por Eduardo Roldán de presentar su dimisión. El Heraldo intentó a lo largo de la tarde hablar con el director de la estación, pero no obtuvo respuesta.
Los miembros del consejo tampoco aclararon cómo piensan afrontar el inmediato futuro, sobre todo cuando la sociedad ha incurrido en un incumplimiento sistemático de sus obligaciones de pago con las administraciones, los proveedores y trabajadores.
La deuda reconocida ronda los 6,5 millones de euros y se disparó en la pasada temporada, lo que agravó la ya de por sí delicada situación de Etuksa. Tras fracasar un nuevo intento por vender la estación al Gobierno de Aragón ante las insalvables diferencia de precio, se optó por intentar evitar el cierre mediante un acuerdo de alquiler. El acuerdo pasaba por que Aramón asumiera la gestión por un año a cambio de una renta de 690.000 euros, suficiente para cubrir los gastos de puesta en marcha y saldar la deuda con la plantilla (a la que se le deben cinco nóminas) y con Endesa (que cortó la luz en verano).
Todo se agravó con las diligencias de embargo de la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria por un importe superior a los dos millones y que llevó a la DGA a dejar bien claro que no firmará mientras no se solvente este conflicto económico.
