El primer paso será la adquisición por parte de la Generalitat del 100% del capital de la sociedad Túnel del Cadí. Esto implicará la compra del 46,64% de las participaciones que no están en manos públicas, sobre todo de Abertis. Las conversaciones con la empresa presidida por Salvador Alemany han comenzado, pero todavía no hay acuerdo. Una vez alcanzado el 100% de capital público en Cadí, se fusionarán en una misma sociedad las concesionarias de los dos túneles. Los cambios en Tabasa, concesionaria de los Túnels de Vallvidrera, serán más fáciles, a la vista de que el 100% es de administraciones públicas (en todos los casos, controladas por CiU). Serratusell afirma que
El proceso para la venta también se debe determinar en las próximas semanas. Lo más probable es que se convoque un concurso. La empresa que se quede con Tabasa-Cadí (el nombre de la futura sociedad no está definido) deberá asumir los activos y los pasivos. En el caso de Tabasa, por ejemplo, incluye la deuda, pero también la conservación y explotación del tramo entre Manlleu (Osona) y La Vall d’en Bas (Garrotxa) de la C-37 o del carril bus-vao de la C-58 en Barcelona. Las bonificaciones que se aplican para vehículos de alta ocupación, que contaminan poco o para usuarios frecuentes serán abonadas por el Govern.
Entre los encargos que conserva Tabasa son la construcción de los túneles de Horta (Barcelona-Vallès Occidental), y de la Conreria (Badalona-Vallès Oriental), además del desdoblamiento de los Túneles de Vallvidrera. Al menos en el caso del Túnel de la Conreria, Territori eliminará el encargo. Es la consecuencia lógica del discurso del conseller, Lluís Recoder. En una entrevista con Expansión, señaló que estas infraestructuras, visto el estado de las finanzas de la Generalitat, solo se podrán ejecutar mediante peaje directo. El Govern mantiene que esta infraestructura es necesaria para la movilidad.
Por otra parte, Túnel del Cadí ha modificado las condiciones para beneficiarse de las bonificaciones para los conductores con residencia en la Cerdanya, Alt Urgell y Berguedà. Solo se aplicarán descuentos a 12.000 vehículos de los 28.000 inscritos hasta ahora; el resto se trata, en realidad, de residentes de la zona de Barcelona. “Las condiciones de laxitud se han terminado”, sentencia Serratusell, que espera ingresar mediante este cambio 3,5 millones más.