Nuevo escollo a la estación de esquí de Castanesa

El alcalde de Montanuy, José María Agullana, se enteró ayer por la prensa de que la Fiscalía de Huesca va a denunciar ante el Juzgado de Barbastro las operaciones urbanísticas desarrolladas por su Ayuntamiento y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa, noticia que publicaba Heraldo de Aragón. “Si es verdad mejor, que vaya al juez y si hay algo irregular que nos lo diga”. Agullana afirma tener “la conciencia muy tranquila” y confía en un proyecto del que “de momento sólo hemos hecho papeles”.

La fiscalía asume la denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural. A juicio del alcalde, “es raro que la fiscalía filtre la información a la prensa, antes de pasarla al juez ni informar a los denunciados”. Una circunstancia sobre la cual “habrá que preguntar también al juez”, dijo.

Por lo demás, Agullana asegura que “lo único que hemos hecho son papeles y trámites, lo que nos exige la ley para que el proyecto de Castanesa salga adelante”. Precisamente, el Consistorio está a la espera de la aprobación por parte de Ordenación del Territorio del PGOU de Montanuy, que contempla el desarrollo de los 17 núcleos que componen el municipio, las pistas de la nueva estación y las alternativas urbanizables, cuyas plusvalías repercutirán en el complejo invernal y en infraestructuras para el territorio, según el planteamiento de Aramón recogido en el convenio suscrito entre el holding aragonés de la nieve y el Consistorio.

La aprobación del PGOU de Montanuy es imprescindible para la consecución de este nuevo dominio esquiable, que partió del propio Ayuntamiento y que se comunicaría con la estación de Cerler, también del Grupo Aramón, por el Collado Basibé. Las pistas ocuparían casi 300 hectáreas, más de 20 kilómetros esquiables, con capacidad para unas 6.000 personas. La cota mínima estaría a 1.800 metros y la máxima rondaría los 2.600 metros.

La denuncia de Naturaleza Rural fue archivada por el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas y remitida a continuación a la Fiscalía de Huesca que ahora ha encontrado ‘indicios de delito’. En ella, se critica el convenio entre Aramón y el Concejo y se denuncian presiones a los propietarios, además de acusar de enriquecimiento personal al propio Agullana y a otra edil.

El alcalde defiende el convenio como un marco en el que impulsar el proyecto de la estación, “que partió del Ayuntamiento para desarrollar un municipio de algo más de 200 vecinos, la mayoría de más de 70 años”. Negó cualquier coacción a los propietarios, “se dio la opción de venta, a nadie se le obligó a vender nada”. Por último, “nadie nos hemos metido nada en el bolsillo”.