Según los ecologistas, el Departament d’Urbanisme tiene ahora una nueva oportunidad para demostrar la ilegalidad de esta actuación de la empresa y de sancionarla adecuadamente teniendo en cuenta el valor de los beneficios de la empresa durante los cuatro años en los que estas obras han sido ilegales. Es por este motivo que Ipcena exige a la Generalitat que sancione a la empresa con una multa de 200 millones de pesetas (1.200.000 euros) que equivalen a 50 millones de pesetas (300.500 euros) por cada año de obras sin legalizar.
Ipcena denuncia además que Baqueira Beret está realizando las obras de un segundo proyecto, complementario del que realizó ilegalmente en 1995, para aumentar la capacidad de agua del embalse, mediante la construcción de un total de 7 kilómetros de tuberías desde el río Horcalh, situado en el norte del pla de Beret y afluente del río Noguera Pallaresa al que le aporta el 70% de su caudal, también de forma ilegal porque carece de las licencias pertinentes, como la que concede la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y la de la Agència Catalana de l’Aigua (ACCA).
Joan Vázquez, portavoz del grupo ecologista, aseguró que la Generalitat ha aprobado la declaración de impacto ambiental de esta obra sin la concesión de captación de agua que otorga la CHE, por lo que queda demostrado que “el Govern continúa con el trato de favor hacia la empresa, incumpliendo los principios democráticos y de derecho”.
Vázquez destacó que gracias a las denuncias presentadas por la entidad, la ACCA obligó ayer a paralizar las obras después de constatar que el proyecto se está ejecutando sin los permisos de la CHE y criticó que el consistorio de Naut Aran haya concedido la licencia municipal de obras a la empresa sin la previa autorización de la CHE. Los ecologistas denuncian además que la declaración de impacto ambiental favorable de Medi Ambient contemple la captación de 111 litros de agua por segundo, mientras que la CHE fija este caudal en 12,8, litros de agua por segundo.
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