Según el partido político, presidido por Francisco Montero -quien fuera socio mayoritario de Gecobesa, empresa gestora de la estación de esquí desde su apertura hasta esta última temporada-, esta sociedad mixta entre administraciones, que también podría ser un consorcio, es
«una solución de futuro, con participación de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas (Castilla y León y Extremadura) que se base en la influencia de la estación de esquí en la actividad económica de sus respectivos territorios».
Por otra parte, y también en referencia a la posibilidad de abrir la estación en esta temporada, desde el partido han recordado que una parte de los terrenos de la estación de esquí -un total de 12 pistas y 8,4 kilómetros- no son del Ayuntamiento y que «son las pistas que más nieve tienen y constituyen realmente más del 50% del dominio esquiable efectivo, porque la media a lo largo de la temporada se sitúa en los 12,15 kilómetros abiertos» por lo que si el Ayuntamiento no llega a un acuerdo con el propietario de dichas fincas -tema en el que el Consistorio aún no se ha posicionado oficialmente- habría que cuestionarse la apertura de la estación».
Además, aseguran que el Ayuntamiento no ha hecho aún las correspondientes tareas de mantenimiento en las pistas ni en la depuradora, así como tampoco la revisión extraordinaria del telesilla «que requiere un plazo de ejecución de tres meses y es condición imprescindible para obtener autorización de uso por parte de la Consejería de Fomento, ni otras tareas de mantenimiento en las instalaciones.»
Esto sumado a que, según el partido, el desarrollo jurídico-administrativo elegido por el Consistorio para afrontar los problemas a los que se enfrenta ahora la estación, y que se deben resolver previamente a su apertura, «los llevaría en el mejor de los casos hasta el mes de diciembre», fecha en la que la estación debería estar en pleno rendimiento.
