Este viernes por la mañana se reunía en Moncloa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial y Función Pública Carolina Darias, con una delegación de Ciudadanos encabezada por su portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal. Las dos partes han acordado en este encuentro
"analizar las reformas necesarias que mejoren nuestro sistema de salud pública y establecer mecanismos que permitan a España protegerse ante posibles rebrotes de la pandemia, sin necesidad de recurrir a la herramienta constitucional excepcional del artículo 116 de la Constitución [el del estado de alarma], en el marco de una comisión de evaluación con todas las fuerzas políticas que quieran participar en este proceso"
El Gobierno ha dicho a Cs que estudiará la posibilidad de reformar leyes sanitarias o administrativas con el fin de “generar herramientas jurídicas potentes” que permitan actuar frente a un rebrote localizado en un lugar (como se hizo al confinar a la población de Igualada (Barcelona) el 13 de marzo) o frente a una epidemia extendida en todo el país, según ha detallado.Esas modificaciones legales se estudiarán en una comisión de evaluación que se abrirá en el Congreso y en la que participarán todas las fuerzas políticas que quieran participar en este proceso (en referencia al PP y partidos independentistas). Encuentro del que ya habló Pedro Sánchez desde la declaración del estado de alarma y que confirmó en su acuerdo con ERC para la sexta ampliación. El portavoz de Cs adelantó que el siguiente encuentro se producirá en julio.
El giro dado por Ciudadanos con su nueva presidenta al frente, Inés Arrimadas poniendo en valor a sus 10 diputados con negociaciones para apoyar al Gobierno, supone un punto de inflexión para este partido político que considera posible "erosionar" la relación del Ejecutivo con las formaciones catalanistas y que abre la puerta a una mayoría alternativa que garantiza que este acuerdo quede garantizado pese a la posible oposición de alguna otra formación.
¿Qué es el estado de alarma?
El estado de alarma es el más leve de los tres estados excepcionales (alarma, excepción y sitio) y está previsto para grandes catástrofes, crisis sanitarias o paralizaciones graves de los servicios públicos como consecuencia de huelgas o conflictos laborales. En concreto, la ley orgánica que regula estos estados precisa que el de alarma es el más indicado para afrontar "epidemias y situaciones de contaminación graves".
También es posible decretarlo ante terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, o ante situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
¿Qué medidas permite?
El estado de alarma permite, sobre el papel, poner a los cuerpos policiales, nacionales y autonómicos, bajo las órdenes directas del Gobierno. Aunque, en principio, esta situación no afecta a la vigencia de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, algunas libertades sí se pueden ver afectadas.
La ley faculta al Gobierno a limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. También se pueden practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, así como intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados.
Es posible asimismo limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, e impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados. Ante crisis sanitarias, la ley especifica que el Gobierno podrá adoptar todas las normas establecidas para la lucha contra las enfermedades infecciosas.
Para el estado de alarma provocado por el Coronavirus se pemitió solo movimientos para:
- Compra de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios
- Desplazamiento al lugar del trabajo
- Retorno al lugar de residencia habitual
- Desplazamiento a entidades financieras y de seguros: así actúa cada entidad bancaria
- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas vulnerables
¿Cuánto tiempo puede durar?
El estado de alarma puede ser aplicado directamente por el Gobierno mediante decreto por un plazo máximo de 15 días, aunque el Ejecutivo debe dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto. Cualquier prórroga de la medida sí deberá ser ya aprobada por la Cámara baja, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.
¿Afecta a toda España?
El estado de alarma puede afectar a todo el país o solo a una parte. El decreto del Gobierno para activar este mecanismo delimita el ámbito territorial al que afecta.
¿Hay sanciones si se incumplen las limitaciones?
Incumplir o resistirse a las órdenes que conlleva el estado de alarma estásancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes. Si estos actos fuesen cometidos por funcionarios, podrían ser suspendidos de inmediato en el ejercicio de sus cargos. En caso de que fuesen cometidos por autoridades, las facultades de estas que fuesen necesarias para el cumplimiento de las medidas acordadas en ejecución de la declaración de estado de alarma podrán ser asumidas por la autoridad competente durante su vigencia.
Como resultado del estado de alarma en España en 2020, además de la libre circulación de personas a excepción de trabajadores esenciales, se cerraron todas las tiendas, negocios y la mayoría de trabajadores de oficinas y fábricas tuvieron que quedarse en casa. También se prohibió la apertura de hoteles, locales de restauración, así como los de ocio, entre ellos parques de atracciones, temáticos y las estaciones de esquí, que el 13 de marzo cuando anunciaron su fin de temporada, todavía estaban en plena de temporada de turismo de invierno.
El pacto acordado entre el Gobierno actual y Ciudadanos evita volver a esa situación de cierre, aunque no significa que se siga obligando a seguir una serie de directrices para una nueva normalidad temporal (hasta que se encuentre una vacuna), entre ellas el uso de mascarillas, desinfección y metro y medio de distancia. No obstante para nuestra próxima temporada de esquí queda todavía medio año, todo un mundo si tenemos en cuenta lo rápido que se ha avanzado en el control del coronavirus y las mejoras semana a semana.
