Y este extremo es confirmado por las estaciones. Así, desde Grandvalira confirman que precisamente esta temporada interceptaron presuntamente un monitor de esquí fraudulento que, sin titulación oficial como instructor, se anunciaba en una plataforma de internet ofreciendo clases particulares en Grandvalira o cualquier otra estación de esquí los Pirineos. En este caso, se le retiró el forfait de temporada y, además, «se puso el caso en manos de la justicia».
Aparte del incremento que ha experimentado este año esta oferta de servicios a través de internet, ligada según los monitores a las dificultades de algunos temporeros, desde el Aames también constatan la problemática que se da con monitores que por ejemplo venden con grupos y que no se sabe si tienen la formación necesaria para hacer el trabajo de instructor.
En este sentido, Grau remarcó que esta tarea la deben hacer los agentes, ya que desde la estación no están autorizados a pedir la documentación. Y aunque no tienen constancia de que haya particulares que ofrezcan sus servicios a través de las redes sí constatan casos de personas que hacen clases aunque reconoce que es «muy difícil de controlar» y también de demostrar que no están haciendo esta actividad cobrando. Esta temporada detectaron un par de situaciones de estas características.
Desde Grandvalira, a su vez, manifestaron que no tienen cifras de los últimos años porque al ser una práctica fraudulenta minoritaria en la estación, se detectan como mucho cinco casos al año. Con todo, remarcan que su deseo sería que el impacto fuera de cero casos al año.
Otro problema que también pusieron sobre la mesa desde el Aames es la contratación por parte de las escuelas de esquí de monitores de los que se desconoce, también, si tienen la formación. Esto se dio, sobre todo, en temporada alta cuando estas escuelas tienen más necesidad de personal. Este aspecto, sin embargo, tal y como confirmaron desde el Aames, «empieza a estar controlado» después de que desde el colectivo se haya presentado diferentes denuncias.
Esto daría «seguridad jurídica» y garantizaría que esa persona tiene unas determinadas competencias, con lo cual incidiría de manera positiva en la imagen de país, tal y como comentó Iriarte. En el mismo sentido, tanto desde Grandvalira como desde Vallnord-Pal Arinsal pusieron de relieve el peligro de contratar este tipo de servicios fraudulentos,