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Última actualización: 06/05/2024 a las 16:39:00 (CET)

Andorra emprenderá acciones judiciales contra Pyrenair

Andorra emprenderá acciones judiciales contra Pyrenair
El Gobierno de Andorra ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Pyrenair después que la compañía de vuelos anunciara el viernes pasado la suspensión de los vuelos en el aeropuerto Lleida-Alguaire. Las instituciones de este país aportaron 130.000 euros en total.
El ejecutivo ha decidido adoptar esta medida para "reclamar los perjuicios por esta decisión unilateral", según ha declarado el portavoz gubernamental, Bruno Bartolomé, ya que Andorra y Pyrenair firmaron en diciembre un acuerdo para traer turistas al Principado. El ministerio de Turismo andorrano aportó 100.000 euros a la aerolínea y las estaciones de esquí otros 30.000, a cambio de que Pyrenair promocionara el país en los aviones, en la página web y a través de las redes sociales.

La operativa que se preveía en el convenio se extendía entre el 23 de enero y el 25 de febrero, durante los cuales Pyrenair había calculado traer a Andorra unos 5.000 esquiadores procedentes de Madrid y Galicia. De hecho, la compañía vendía paquetes turísticos, conjuntamente con las estaciones andorranas. Con la decisión de la aerolínea de suspender los vuelos de Alguaire, ha quedado una parte del convenio sin ejecutar.

"El acuerdo era por 10 semanas y las dos últimas han quedado perjudicadas", ha comentado el portavoz del Gobierno. Bartolomé también ha manifestado que "no es una buena noticia" que Pyrenair suspenda el operativo en el aeropuerto leridano y ha recordado que el ejecutivo "se había manifestado en diversas ocasiones por Alguaire como el aeropuerto de referencia de Andorra".

Por el momento no se han cuantificado los daños que la suspensión del convenio han causado a Andorra, por lo que el gabinete jurídico del Gobierno se ha puesto en marcha para analizar las reclamaciones pertinentes. La semana que viene hay programado un encuentro entre los responsables del Gobierno y de la aerolínea para analizar la cuestión y estudiar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evite la vía judicial. Sin embargo, Bartolomé ha insistido en que "la obligación del Gobierno es defender sus intereses".

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