Al menos durante esta temporada. Y hasta que el Gobierno establezca todo un protocolo reglamentado con tarifas incluidas. El nuevo convenio, establecido entre Ski Andorra y el ejecutivo, se prevé que se ponga marcha el lunes.
El centro regulador del transporte sanitario tendrá a su disposición, cada día, tres ambulancias privadas para los traslados de heridos leves. Los bomberos, que se hacen cargo de todos los casos graves, reforzarán los operadores privados cuando lo determine el mencionado centro y el volumen de trabajo lo haga aconsejable. Del coste de la operación, Ski Andorra se hace cargo, aproximadamente, del 60%. El resto lo cubre el Estado a través de una aportación de 30. 000 euros.
Han sido los responsables de Ski Andorra los que han negociado con los servicios privados d’ambulancia el coste de sus intervenciones. El cobro po el traslado en pistas había puesto el grito al cielo por el elevado coste que tenían los traslados privados. Y se había criticado duramente que se hicieran diferencias entre aquellas personas que tenían la cobertura de la CASS (que dejó claro que no se haría cargo del coste de los traslados) o las que disponían de otro tipo de seguro.
Las fuentes de Ski Andorra consultadas ayer insistieron que entendían perfectamente que el cuerpo de salvamento pidiera que se les librara de este tipo de transporte para estar disponible para otras servicios en qué es mucho más imprescindible. Por este motivo Ski Andorra ha buscado el refuerzo de las ambulancias privadas.
Y el punto de acuerdo se habría encontrado en tres ambulancias diarias por un periodo de 120 días que se considera que tiene el curso invernal de esquí. El que cuesta cada traslado (una de las empresas privadas que ha ido interviniendo hasta ahora había llegado a cobrar unos 300 euros por servicio) no ha trascendido. Las fuentes consultadas sí que explicaron que la subvención de 30.000 euros anunciada por el Gobierno supone entre el 35 y el 40% del total del acuerdo económico. La parte financiada por Ski Andorra duplica con creces la aportación pública. El coste del convenio establecido hasta que haya un reglamento detallado es de unos 100.000 euros.
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