"Que la corporación de la que formo parte se planteó desde un principio, como uno de sus objetivos primordiales, el intentar poner freno a las presuntas irregularidades urbanísticas de las que siempre se había hablado se producían en Sierra Nevada, a cuyos efectos se reforzó la Concejalía de Urbanismo para velar en todo momento por la legalidad urbanística".
Con solemnidad, el concejal de Urbanismo de Monachil, Benjamín Rodríguez, reconoce en la querella por presunta extorsión y calumnias que presenta contra el promotor inmobiliario de Rabanella SL, Darío Aguarón, que se han tramitado controvertidas operaciones en todas las corporaciones de Monachil. Éstas son algunas de las más polémicas.
Edificio Arttyfal. Noviembre 2000
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Granada se pronunció en contra de la decisión del Ayuntamiento de Monachil, entonces gobernado por Alfonso Luna (PP), de conceder licencia de obra en noviembre de 2000 a la promotora Brioude & Falconde que se encargó de la construcción del edificio Arttyfal en la urbanización de Pradollano.
Lo singular del caso fue que el arquitecto del inmueble de 76 viviendas era Víctor Luna, hijo del entonces alcalde. La juez anuló la licencia al entender que no se ajustaba a derecho y reprochaba la pasividad de las autoridades municipales al permitir su construcción.
La promotora realizó dependencias que no se ajustaban al proyecto inicial pero obtuvo el beneplácito del Ayuntamiento que consideró que era "asumible el exceso de edificabilidad".
Pese a que la licencia caducó, el promotor en su "obstinado propósito" de terminar el edificio, retomó las obras sin disponer de la licencia preceptiva. Fueron numerosas las denuncias de los vecinos, circunstancia que obligó a intervenir al Ayuntamiento, que ordenó paralizar la obra, y también a la Junta de Andalucía. La juez dejó en manos de las autoridades la posibilidad de legalizar o demoler el edificio, así como el inicio del procedimiento sancionador.
Aparcamientos en la sierra. Noviembre 2003
En este caso, la operación fue promovida por el entonces alcalde socialista, Francisco Lara, que traspasó a Promonevada, filial de Cetursa, la propiedad de 34 aparcamientos en Sierra Nevada al mismo precio que doce años antes cuando se firmó el convenio entre el Ayuntamiento y la misma empresa pública.
En enero de 1992. El entonces alcalde José Sevilla y el consejero de Promonevada, Jerónimo Páez, firmaron un convenio para la realización de unas obras de infraestructura en Sierra Nevada con motivo de los Campeonatos del Mundo de Esquí Alpino. En dicho plan, Promonevada se comprometía, entre otras cuestiones, a entregar en concepto de aprovechamiento urbanísticos 200 millones de pesetas y 100 plazas de garaje en el aparcamiento general valoradas en 150 millones de pesetas.
En noviembre de 2003 el director general de Promonevada, Miguel Ángel Serrano, y el que era alcalde, Francisco Lara, suscribieron otro convenio en el que el municipio cedía la propiedad de 34 plazas por 306.517 euros ( unos 50 millones de pesetas). La operación provocó, junto a otras cuestiones, la dimisión del único concejal de IU y socio de gobierno, Francisco Pineda, que apoyaba el acuerdo, en contra de la asamblea local.
Permuta finca de aragón. Julio 2004
Fue una de las primeras decisiones que tomó el actual equipo de gobierno (PP, PA y UPM) tras prosperar la moción de censura que desbancó en junio pasado al PSOE e IU. Han sido varias las corporaciones que han tratado de incorporar al patrimonio público un viejo palacete con varios siglos de existencia que la familia Aragón disponía en el casco urbano de Monachil, rodeado de una finca.
El anterior alcalde socialista, Francisco Lara, que entonces gobernaba en coalición con el edil de UPM, Benjamín Rodríguez, y la edil de IU, Belén Sevilla, promovió la enajenación mediante subasta pública de un terreno municipal en Sierra Nevada, situado dentro del Plan Especial Maribel, cuyo precio de salida se estimó en casi dos millones de euros.
Ello obligaba a obtener la autorización de la Consejería de Gobernación ya que la tasación realizada por los técnicos superaba el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto del municipio. Francisco Lara admitió en su día que este asunto fue la causa del desencuentro con el concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, que acabó por retirar su confianza a sus socios de gobierno para pactar una moción de censura con el PP y PA.
Lo cierto es que una de las primeras decisiones del actual equipo de gobierno fue hacer una nueva tasación –que resultó más baja que la primera– de las parcelas que se pretendían permutar con la familia Aragón, lo que evitaba la autorización de la Junta.
Los mismos técnicos municipales que habían tasado la edificabilidad y los precios de las parcelas modificaron mes y medio más tarde la superficie urbanizable y los precios del terreno, una decisión que rechazaron socialistas e IU en el pleno extraordinario de julio de 2004. Finalmente, el actual gobierno local, con el rechazo de la oposición, llevó a cabo las tres permutas de las fincas municipales por las propiedades de la familia Aragón, operaciones avaladas por la asesoría jurídica cuyo montante total superó los 2,5 millones de euros aunque por separado ninguna de las tres parcelas alcanzaba el 25 por ciento del presupuesto, lo que hacía innecesaria la autorización de la Junta.
Algunas de estas parcelas que eran de propiedad municipal ya han sido vendidas por la familia Aragón a dos constructoras, una de Sevilla y otra de Alicante.
Fuente: