La Junta vio en este proyecto, que suponía la creación de 400 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos, la posibilidad de revitalizar una zona, la de la montaña leonesa y palentina oriental, duramente azotada por la despoblación y sin casi oportunidades de empleo, tras el fin de la minería.
Tras el fallo del TC, el proyecto quedaba en principio sin respaldo legal, por lo que Tres Provincias sugirió a la Dirección de Medio Natural que en base a la reciente Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, aprobada recientemente por el Gobierno, se unificaran todas las figuras de protección existentes en este espacio, que es parque natural, zona Zepa y LIC, para la redacción de un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales en el que se permita la realización de esquí alpino, principal escollo ambiental del proyecto, y en el que se recoja una evaluación del medio natural y del medio socioeconómico que la Junta nunca realizó para justificar la construcción de la estación.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente han confirmado que la Junta da por descartado el proyecto, por lo que no hay ninguna intención de unificar las figuras de protección de la montaña palentina para la redacción de un nuevo PORN.
Por su parte, la empresa Tres Provincias sigue con sus más de nueve mil folios de proyecto sobre la mesa y con la voluntad de sus socios en seguir apostando por esta estación, que descartan llevar a cabo sólo en la montaña leonesa, donde sí tendría cabida legal, ya que consideran que una estación con 40 kilómetros, y no con los 66 previstos, no sería rentable David Iriondo, portavoz de la empresa Tres Provincias, declaró que
«No desistimos, estamos en el mismo punto de partida que en 2003, pero esta vez con el proyecto hecho y declarado de interés regional pero sin encaje legal»
Trece años de trámites y casi dos millones de euros acaban en el cajón
Desde que la empresa Tres Provincias se constituyera, de la mano de un grupo de empresarios de León, Palencia y Cantabria, han sido muchas las batallas legales y sociales que ha librado esta promotora para sacar adelante el proyecto de San Glorio. Según fuentes de la empresa, en la redacción del proyecto, dotado con todos los estudios medio ambientales y ajustes técnicos exigidos, y que ocupan un total de nueve mil folios, se han invertido la friolera de casi dos millones de euros, de los cien que contempla la ejecución del proyecto.Pese a contar con el apoyo de todos los ayuntamientos a los que afecta el proyecto, y de la mayoría de los vecinos que incluso protagonizaron multitud de manifestaciones en toda la montaña exigiendo el impulso definitivo al proyecto, Tres Provincias ha tenido que lidiar con una férrea oposición de los ecologistas, que constituyeron una plataforma para salvaguardar y proteger los recursos naturales que se pudieran ver afectados por el proyecto.
Muchas de las expectativas creadas con este proyecto vinieron de la mano de la Junta de Castilla y León, que lo declaró de interés regional como un claro signo de apoyo a su construcción, y que incluso redactó unas directrices de ordenación del territorio y una ley para modificar la propia ley del parque que impedía su puesta en marcha.
Nada de esto ha servido para impedir que el proyecto acabe en algún cajón de la administración, al carecer de encaje legal.
