La operación, negociada los últimos días bajo la presión de un grupo de 56 trabajadores que se declaró el lunes en huelga indefinida, permitirá no solo poner al corriente de cobro a la plantilla (a la que se adeuda unos 200.000 euros en nóminas impagadas desde julio), sino también encarar la nueva temporada de esquí con solvencia y mantener la actividad en la estación hasta que se halle una solución definitiva a un problema ya endémico.
Los trabajadores de la estación reiteraron ayer que no desconvocarán la huelga hasta que el dinero que les debe la empresa esté ingresado en sus cuentas. La plantilla reclama a la Generalitat un mayor control de los préstamos que concede a la empresa y que sus salarios sean una prioridad.
La decisión ha sorprendido a los trabajadores. Hasta este martes, la Generalitat estudiaba la posibilidad de adquirir la estación de esquí (a través de la capitalización de un crédito de 7,5 millones de euros) y luego conceder una licencia para su explotación. Finalmente, el Ejecutivo ha cambiado de idea. Hubiera sido la sexta compañía del sector en manos del Govern tras las compras de La Molina, Espot, Port Ainé, Tavascán, Vall de Núria y Vallter 2000.
El Gobierno catalán es consciente de que un posible cierre de Boí Taüll Resort significaría un gran impacto social y económico, ya que durante la temporada emplea a 200 trabajadores y da vida al sector hostelero. Sin embargo, el crédito no es la solución definitiva para la estación, de modo que el Gobierno catalán no descarta asumir la gestión del complejo a través de la empresa pública FGC. Ello se daría en el caso de que la firma que explota sus instalaciones no sea capaz de remontar la actual crisis o no puede devolver los préstamos concedidos.
La suerte de Boí-Taüll hace tiempo que pende de un hilo. Superó un concurso de acreedores a finales de 2012 después de una dura negociación por una deuda que ascendía a 45 millones de euros. Desde entonces, los retrasos en las nóminas y pagos a proveedores ha sido la tónica habitual. Los sindicatos han denunciado que se abonaba sólo el 25% de las nóminas durante la temporada alta, lo que obligaba a los trabajadores a seguir en sus puestos pese a no recibir la totalidad del salario.