Las estaciones de esquí, las grandes superficies comerciales -así consideradas las de más de 500 metros cuadrados- y las industrias que emiten gases contaminantes a las atmósferas comienzan a pagar a partir de este año unos tributos por los que el Gobierno aragonés dice esperar una recaudación total de más de 15 millones de euros, aunque algunos de los afectados estiman que las cifras serán mucho mayores.
El Ejecutivo aragonés descartó a finales del pasado año la puesta la aplicación del llamado céntimo sanitario, es decir, un recargo en el impuesto sobre los hidrocarburos (gasolinas y gasóil) que iría destinado a respaldar el creciente gasto sanitario. La clara impopularidad de la medida, sobre todo en un escenario de galopante subida de los precios del petróleo y el acuerdo de financiación sanitaria, que permite dotar de más recursos de los previstos al sistema de salud, fueron las principales razones para aparcar esta opción en la que el Departamento de Economía venía trabajando ya en los últimos años.
Sin embargo, el gobierno PSOE-PAR que preside Marcelino Iglesias no renunció a buscar otras vías de incrementar la recaudación fiscal. Así, junto a una serie de deducciones familiares para tratar de edulcorar la decisión, anunció la puesta en marcha para 2006 de tres nuevos impuestos, a los que colocó la etiqueta de 'medioambientales' para una mayor corrección política y que se han introducido a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad.Por una parte, se establece un impuesto 'sobre el daño medioambiental causado por las instalaciones de transporte por cable', un tributo que va directamente dirigido a gravar la actividad de las estaciones de esquí, entre las que se ha acogido con malestar e incluso se estudia recurrirlo.
Paradójicamente, el sector de la nieve es una de las principales apuestas del Gobierno aragonés para impulsar el desarrollo de la Comunidad autónoma. Gracias al atractivo del Pirineo, donde hay cinco estaciones, pero también a las montañas de Teruel, donde hay otras dos que reciben a miles de valencianos, Aragón es una potencia en este tipo de turismo invernal, que aporta visitantes de alto poder adquisitivo y en el que tiene duros competidores en vecinos como Cataluña, Andorra o el sur de Francia.
Según la justificación del nuevo impuesto en la ley, el sujeto pasivo 'no es el consumidor o usuario, en el caso de las pistas de esquí, sino el titular de la explotación de la correspondiente estación alpina. Esto es, que no se grava la práctica del esquí ni la actividad que la propicia, sino el perjuicio en el medio ambiente y en otros valores superiores (territorio, paisaje, flora, fauna) que deben ser protegidos y, en su caso, restaurados'. Sin embargo, las instalaciones de Candanchú y de Astún -las únicas que están fuera de la sociedad Aramón, participada por Ibercaja y el Gobierno autonómico- han incrementado en 1,5 euros el precio de sus abonos, con lo que finalmente sí será el usuario, en estos casos, quienes paguen el impuesto.
En concreto, a las estaciones se les cobra 5.040 euros por cada transporte por cable colectivo instalado; 4.560 euros por cada transporte individual y otros doce euros por cada metro de longitud del transporte por cable de personas. A la cuota obtenida se le aplica, además, en función de la longitud total por estación en kilómetros de las pistas, un determinado coeficiente (uno hasta 20 kilómetros por pista, 1,25 hasta 40 y 1,5 si tiene más de 40). En total, el Departamento de Economía del Gobierno aragonés calcula que obtendrá por esta vía 1,7 millones de euros durante el ejercicio.
Aramón, sociedad a la que pertenecen las estaciones pirenaicas de Formigal, Panticosa y Cerler y las turolenses de Javalambre y Valdelinares, no va a alterar los precios actuales por la aplicación del impuesto, a pesar de que, según reconoce, "el impacto de dicho impuesto incidirá directamente en la cuenta de resultados del grupo". Según explica, "es conveniente recordar que el Gobierno de Aragón participa en un 50 por ciento en el capital de Aramón y que, por tanto, ha ejercido un acto de responsabilidad al distinguir sus compromisos de gestión presupuestaria y sus intereses empresariales en un tema tan sensible como es el de la colaboración al mantenimiento del medio natural".