La denuncia no era baladí. Los bomberos dirigían su malestar hacia las administraciones públicas, a las que atribuía un presunto delito de prevaricación y otro contra el derecho de los trabajadores por su "pasividad" a la hora de abordar el problema de la seguridad en la estación invernal. Los bomberos advertían de que las instalaciones para albergar un retén construido en Pradollano con motivo de los Mundiales de esquí de 1995 permanecían cerradas, poniendo en peligro la integridad de los usuarios de la estación e incluso la de ellos mismos en caso de que se produjera un siniestro. La situación se agravaba durante la temporada de esquí cuando, según el sindicato de bomberos, el tiempo de respuesta del parque sur de Granada, el más próximo a Pradollano, es de un mínimo de 50 minutos.
Los bomberos mantienen que tanto la Junta de Andalucía, que explota la estación a través de la empresa Cetursa, como la Diputación de Granada, competente en materia de lucha contraincendios, no asumen un servicio al que están obligados por ley, poniéndoles a ellos en "riesgo innecesario". También entienden que el Ayuntamiento de Granada es "corresponsable" de la situación por permitir, mediante una subcontrata, poner en peligro a sus trabajadores "dando un mal servicio y dejando a la vez desprotegida la ciudad". En opinión de los bomberos, la ley obliga a disponer de forma permanente de una dotación completa de profesionales.
En la actualidad, el servicio de Protección Civil de Monachil y un cuerpo de bomberos integrado por voluntarios prestan labores de emergencia en la estación. Desde la estación de esquí se dijo, tras conocerse la denuncia, que el personal está perfectamente preparado para cualquier incidencia.
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