La sentencia establece que se ha omitido el trámite de información pública en la tramitación de las licencias del proyecto de forma que "se ha impedido la intervención de la asociación demandante no pudiendo considerarse que la intervención de esta asociación en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental subsane la omisión del trámite". El juez recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo califica de esencial el trámite de información pública, decretándose siempre la anulación por su omisión.Respecto al fondo del asunto, la sentencia considera probado "en primer lugar, que en el año 1999 el Monte Eriales de Tordesillas y Anejos resultó afectado por un incendio producido por un accidente ocasionado por un vehículo. En segundo lugar, que la zona afectada por la instalación de la pista de esquí seco fue afectada también por el incendio". Queda así claro, como se recogía en un informe de la propia Junta de Castilla y León previo a los permisos anulados, que los terrenos objeto del proyecto sufrieron un incendio forestal, indicaron las citadas fuentes.
La sentencia reitera que la Ley de Montes establece que las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, por lo que queda prohibido el cambio de uso forestal al menos durante 30 años. "Lo que hace es establecer una medida de protección de los terrenos forestales incendiados para garantizar su restauración, lo que se incardina en el derecho-deber al medio ambiente y a la calidad de vida que reconoce el artículo 45 de la Constitución", precisa el texto.
Además, es contundente al manifestar que "a la fecha en que se dicta la resolución administrativa recurrida, la instalación de la pista de esquí es incompatible con la existencia del monte en las condiciones en que se encuentra a esa fecha, resultando que el cambio de uso está prohibido", por lo que renuncia a examinar los restantes motivos de impugnación "pues la aprobación del proyecto es improcedente en las condiciones que afectan al terreno en el que se proyecta".
Ecologistas en Acción vuelve a pedir a los procuradores 'populares' y socialistas en las Cortes que respeten la Constitución, las leyes y las resoluciones judiciales, rechazando la "invitación a delinquir" realizada por la Diputación para que "enmienden la ineptitud de sus responsables mediante la aprobación de una nueva ley con el único propósito de apartar a jueces y ciudadanos del control de las actuaciones públicas, pasando por encima de las leyes estatales de Montes y de Suelo".
