"Es imposible creer que el proyecto no causa afecciones ambientales", señaló el representante de Ecologistas en Acción en Sabiñánigo, Mariano Polanco. Reprochó que "en las actuaciones relacionadas con el esquí siempre se recurra a la política de hechos consumados" y denunció que la DGA ha actuado en este caso "como juez y parte". Esta denuncia se refiere al hecho de que la Administración autonómica -que ha dado luz verde al proyecto- cuenta con la mitad del accionariado de Aramón.
La organización ecologista afirmó que "en estos valles se ha abandonado cualquier tipo de actividad y se ha entregado todo al turismo. Y no se ha hecho de una forma racional".
Francisco Bono respondió a las críticas asegurando que "el impacto que se realiza es mínimo. Somos especialmente escrupulosos en no provocar afecciones ambientales". Además, explicó que quizá este rechazo se debe a "un distinto enfoque del modelo de desarrollo de la zona. Ayuntamientos, empresarios y habitantes de la zona consideran que es bueno potenciar el esquí", recordó. "Otros presentan modelos alternativos de desarrollo económico, pero de momento no se ha demostrado que funcionen".
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