Es bien cierto que Aliaga hubo de remitirse a la antedicha explicación para afrontar la ofensiva de los populares, quienes, inasequibles al desaliento, no paran de exigir al Gobierno de Aragón que extienda los dominios esquiables, asole las montañas, tale los árboles y gaste el dinero público en remontes y cacharros. Pero ello no quita importancia a su planteamiento, porque al fin abre una puertecita al raciocinio y a la reflexión sobre el tema de la montaña aragonesa y su tan cacareado desarrollo.
Algunos optimistas tenemos la sensación de que hay condiciones para abrir un periodo de análisis colectivo, serio y profundo sobre lo que está pasando y puede pasar con aquella parte de nuestro territorio que ofrece mayores valores paisajísticos, medioambientales, turísticos y también inmobiliarios. El tema del esquí es sólo una parte (y tal vez la más fácil de abordar si se hiciera con profesionalidad y sensibilidad medioambiental) de un problema complejo y sujeto a diversos enfoques. Y seguramente ha llegado la hora de que los poderes políticos (y algún poder fáctico cuyo papel en este tema es fundamental) capten que seguir actuando en las áreas de montaña al estilo del elefante rabioso en la tienda de porcelanas no es bueno para nadie; tampoco para ellos.
Cuando una plataforma de organizaciones ecologistas y entidades sociales recogió treinta mil firmas de aragoneses reclamando una Ley de la Montaña (es decir, lo mismo que el presidente Iglesias prometió en al menos dos sesiones de investidura) y cuando, poco después, más de cinco mil personas se manifestaron por Zaragoza exigiendo lo mismo, empezó a ponerse de manifiesto el potencial movilizador de un asunto que hasta entonces ciertas autoridades consideraban la mera chaladura de cuatro radicales. Ha habido más: De un lado, la difusión a través de los medios (por lo menos de los medios que todavía practican un mínimo de independencia) de episodios tan sospechosos como la manipulación de los censos electorales en ciertos pueblos pirenaicos donde ayuntamientos sobrevenidos planifican ya golosas operaciones inmobiliarias. De otro, la constatación de que los debates sobre el futuro de las montañas no son exactamente una simple pugna conceptual entre ecologistas urbanos, empeñados en impedir el desarrollo de aquellas comarcas, y los vecinos de las mismas, que aspiran a todo lo contrario.
En realidad hay montañeses que tampoco acaban de tener muy claro ese modelo de desarrollo que les vienen proponiendo primero las instancias oficiales y oficiosas y después los promotores de apartamentos y chalets. El supuesto dilema entre disponer de grandes estaciones de esquí o limitarse a fabricar mermeladas artesanas, o entre urbanizar masivamente los valles o quedarse en el aislamiento total esperando la extinción de la raza, no vale ya como argumento (tampoco si fuera planteado en sentido contrario, que conste).
La pasada semana, la Fundación Ecología y Desarrollo (un referente esencial a la hora de abordar situaciones como la que estoy describiendo) advirtió precisamente de que aquí es preciso abrir un diálogo social amplio, liderado por el Gobierno aragonés, abierto a todas las partes y orientado a crear un marco general acordado entre todos para orientar las montañas aragonesas hacia un porvenir sostenible a medio plazo. Pero, ojo, que cuando digo sostenible no me estoy refiriendo sólo al aspecto medioambiental sino también a todos los demás.Los más listos del Pirineo (que no son pocos) ya saben que aglomerar las segundas residencias por miles no garantiza nada (más bien al contrario). Es en la hostelería de calidad, la agricultura y ganadería de mimo, la industria agroalimentaria, el ecoturismo, el deporte de aventura controlado (incluido el esquí, por supuesto) o en el termalismo donde está el futuro; no en los apartamentos aglomerados por miles. Y para eso hace falta encanto, buen diseño, respeto al entorno y resistir los cantos de sirena de quienes proponen coger el dinero y salir huyendo.
Paremos pues un momento... y reflexionemos.