El consejero de Obras Públicas y Transportes, Javier Velasco, apuesta de hecho por dibujar una línea invisible en el Pirineo. Un segmento que permitiría, por un lado, el endurecimiento medioambiental en los puertos, y, por otro, actuaciones encaminadas al desarrollo de la zona, ligadas fundamentalmente con el turismo del esquí.
La solución "no es fácil", aseguró Velasco. "Aragón tiene derecho al desarrollo. Pero las consecuencias de las actuaciones urbanísticas son irreversibles, por lo que deben ser de buena calidad y respetar el medio ambiente. Yo creo que eso es concebible", señala.
La crispación social surgida en el Pirineo en torno a la expansión urbanística está calando, poco a poco, en toda la sociedad aragonesa. El mensaje lanzado por las más de 6.000 personas que se manifestaron este mes en Zaragoza pidiendo una ley de protección de la montaña ha llegado a instituciones y responsables políticos. Y el propio presidente Marcelino Iglesias reconoció el viernes pasado su disposición a encontrar una solución.
El texto de la ILP recoge lo siguiente: "Es objeto de esta ley establecer un régimen de protección especial para la alta montaña del conjunto de la comunidad autónoma, comprendiendo los territorios situados a una altitud superior a 1.500 metros sobre el nivel del mar, según quedan reflejados en los mapas del Instituto Geográfico Nacional".
Las tensiones entre vecinos, ayuntamientos y grupos conservacionistas se han disparado a pesar de las Directrices del Pirineo ya aprobadas. Por todo ello, el consejero Velasco recordó el momento crucial que se está viviendo en las Cortes con el estudio de la futura Ley Urbanística. "Es ahora, canalizando las distintas opiniones a través de enmiendas de los grupos políticos, cuando se debe marcar el modelo para los futuros desarrollos, no sólo los del Pirineo o la sierra de Teruel, sino las de las áreas cercanas a Zaragoza", afirma.
De hecho, el Ejecutivo aragonés ha elaborado un estudio de las áreas que solicitan un mayor desarrollo de vivienda (que se centran en una corona de 30 kilómetros alrededor de Zaragoza, en el Pirineo y en la sierra de Teruel) para iniciar los debates con los consistorios afectados.
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