En total, la inversión necesaria para ganar 34,6 kilómetros de dominio esquiable requiere una inyección de 186,5 millones y la construcción de trece remontes.
Los dos grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno autonómico, PSOE y PAR, dieron una visión muy distinta al mostrar su "satisfacción" por el hecho de que Medio Ambiente haya autorizado la ampliación de Cerler, aunque solo sea por el valle de Castanesa y haya dejado en suspenso los otros tres sectores planteados. El Inaga ha impuesto 40 prescripciones que obligan a recortar varias pistas y a modificar varias instalaciones.El portavoz parlamentario del PP, Eloy Suárez, indicó que el crecimiento de la estación es un objetivo "razonable" y que su partido respalda el desarrollo en la montaña para que sus habitantes "tengan futuro". No obstante, criticó a la DGA por ser "tan lenta y torpe" en la tramitación del proyecto y que precisamente ahora, a cinco meses de las elecciones, se vaya a desatascar "tras doce años durmiendo el sueño de los justos". Suárez fue muy claro al responsabilizar al Gobierno de los "problemas de financiación y el desarrollo muy complicado" que tiene ahora la actuación.
Para el vicesecretario general de CHA, José Luis Soro, supone una "tomadura de pelo" que haya superado el impacto ambiental porque, a su juicio, es "insostenible" desde el punto de vista ambiental y social. Soro sostuvo que la ampliación de Cerler se basa en el modelo del "pelotazo" pese a que la crisis haya demostrado que precisamente ese modo de crecimiento ha causado en buena parte la actual coyuntura económica.
En la misma línea se pronunció el diputado y coordinador regional de IU, Adolfo Barrena, quien recordó que la denuncia que presentaron en Bruselas sigue su curso contra un desarrollo basado "en el ladrillo" . Además, reclamó al presidente Iglesias y al vicepresidente Biel que dejen de "jugar al lado de los especuladores" y se centren en dar "respuestas serias a la ciudadanía".
El diputado socialista Javier Sada no compartió su tesis y sostuvo que si la ampliación de Cerler cuenta con el visto bueno ambiental es porque "la normativa funciona", lo que se demostraría con las 40 prescripciones impuestas por el Inaga. Sada no quiso entrar a valorar las críticas de la oposición sobre la insostenibilidad, tanto ambiental como económica. "La autorización llega cuando tiene que llegar y yo no me atrevería a hablar de la viabilidad de un proyecto de este tipo", añadió.
Para el portavoz parlamentario del PAR, Javier Allué, la ampliación supone apostar por uno de los más importantes sectores socioeconómicos que tiene Aragón, el turismo, y su visto ambiental con prescripciones significa proteger la montaña y el paisaje garantizando el desarrollo. "Las cosas se deben hacer bien, cumpliendo todas las condiciones impuestas. Eso es desarrollo sostenible, aprovechar los recursos del territorio con gente del territorio", concluyó.
