Cuando esta semana el alcalde Xavier Trias inicie en Madrid la postulación de la candidatura de Barcelona-Pirineus para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022, ya dispondrá del cálculo final de lo que deberían poner las administraciones públicas en caso de que se superaran todos los obstáculos hasta que en julio del 2015 se pronuncie el Comité Olímpico Internacional (COI): el sector público tendrá que poner 1.413 millones de euros.
Tal como se ha diseñado la opción de candidatura, el dinero público solo aparecería cuando la ciudad y la montaña (de hecho, la comarca de la Cerdanya) fueran las elegidas en la cumbre del COI de Kuala Lumpur (Malasia) en julio del 2015. Si Barcelona-Pirineus fuera la escogida, se activaría otro presupuesto complementario de 1.122 millones para organizar los Juegos, con el apoyo financiero principal del COI y de los patrocinadores. La suma de ambas cifras, 2.535 millones, sería la inversión-coste total, aunque el origen de los fondos es distinto.
De aquella propuesta de Hereu ha quedado el trabajo de los planificadores municipales, la oficina del comisionado Enric Truñó (en Barcelona-92 era uno de los concejales más jóvenes), que ha acumulado los 2.000 folios que aspiran a dar solidez a la candidatura del 2022. La oficina, dirigida por el balonmanista Òscar Grau, con una docena de empleados (calle de la Ciutat 3, al lado del ayuntamiento), se esfuerza desde enero del 2010 por documentar que la candidatura es posible desde el punto de vista económico. Han gastado 1,9 millones de euros por todos los conceptos (Madrid multiplicó por casi 10 esta cifra en cada una de sus tres opciones perdidas, es decir, se ha gastado por este concepto casi 50 millones de euros).
Lo posible, cumplir con las exigencias mínimas que pone el COI, está hecho. Aunque sirve de poco: que la designación de BCN-Pirineus sea probable depende de que coincidan la estrategia política catalana y española (son los estados los que avalan a la ciudad candidata) para los próximos meses y años. Y, en tercer lugar, que sea oportuno o necesario repetir experiencia en Barcelona con el añadido pirenaico, es lo que el alcalde Trias dice que llevará a referendo coincidiendo con las europeas de mayo del 2014 (está dentro del calendario posible del 2022).
Seguir en la carrera por la designación hasta el 2015 costará 9,6 millones de euros, según presupuesto. A diferencia de lo gastado hasta ahora solo por el ayuntamiento, en esta segunda fase el sector privado, futuro beneficiario, debería aportar 6,5 millones de euros (67% del total).
Del resto de instalaciones requeridas para celebrar en tres semanas 15 campeonatos del mundo de esquí y de hielo, hay tres puntos complejos para la inversión requerida. El Barça ha de confirmar que hará su nuevo pabellón con pista de hielo; hay que cubrir el velódromo de Horta, y, sobre todo, debería justificarse el gasto en un circuito para pruebas de deslizamiento en La Molina, cuyo coste previsible (70 millones) tiene difícil explotación posterior.
Estos gastos se refieren, según la documentación consultada por El Periódico de Catalunya, a mejoras de la carretera de Berga a Bagà (nada de tercer carril en el Eix del Llobregat) y al desdoblamiento de la línea férrea de Montcada a Vic. Para el trayecto desde la capital de Osona a Puigcerdà solo se presupuestan algunas mejoras.
En cuanto a las instalaciones deportivas, el proyecto prevé distinta financiación según sea en la Cerdanya o en Barcelona. Para los 182 millones previstos en el Pirineo, se reparten entre Administración central y Generalitat y algo de iniciativa privada (85, 85 y 11 millones, respectivamente.
Las inversiones en Barcelona (las mejoras en el velódromo cubierto y el Palau d'Esports, más la pista oval para patinaje de velocidad), suman 78 millones de euros, a repartir entre Estado, Generalitat y ayuntamiento. Rareza: no está previsto que la iniciativa privada participe en este capítulo.
Fuente: