Cita
DGATD1
Observando que en los últimos años la velocidad en las pistas ha aumentado, incluso en principiantes, y por eso los choques entre esquiadores suelen ser más graves... ¿tenéis conocimiento de algún caso en el que haya recaído la responsabilidad sobre el causante de alguna forma?
Me ha parecido muy interesante la cuestión y como siempre algo se encuentra (alucino con la internete
) Hasta 138.000 euracos se han llegado a pagar por indednización, aunque no es lo normal.
Es una buena chapa pero muy instructiva de como funcionan los tribunales.
Autor(es): Luis Carús Ribalaygua
Entidades(es): Universidad de Zaragoza
Congreso: V Congreso nacional de las ciencias del deporte y la educación física
Pontevedra:7-9 de Mayo de 2009
ISBN: 978-84-613-1660-1
...Las circunstancias en que se produjeron los accidentes de los 106 casos resueltos en los catorce años que median entre 1995 y 2008 fueron examinadas inicialmente para descubrir si los motivos de las demanda seguían patrones concretos, resultando que todos ellos podían ser clasificados en cuatro categorías claramente diferenciadas: - Accidentes en los accesos a o uso de remontes mecánicos. - Accidentes por caída de esquiadores solos. - Accidentes por choque contra objetos. - Accidentes por colisión entre esquiadores. Posteriormente, de forma similar a como Gaskin (1989) procedió en su día para analizar demandas derivadas de accidentes ocurridos por el uso de equipos e instalaciones en programas deportivos escolares, de cada case se extrajeron la vía procesal que siguió la demanda (civil o penal), el resultado definitivo que acababa con el proceso judicial (condenatorio o absolutorio), la instancia en que fue resuelto definitivamente (JPI, AP o TS), el monto de la cantidad impuesta en los casos condenatorios, la fecha de resolución, la provincia en que se litigó, las partes involucradas (demandante y demandada) y sus características (sexo y edad), los daños sufridos por el demandante (muerte, muy grave, graves y leves) y los principios legales que guiaron las decisiones de las salas.
DATOS LEGALES
La colisión entre esquiadores, con 38 casos (35.85%), es el motivo de accidentes que más procesos judiciales ha generado, seguido en número por la caída de esquiadores solos y por el choque contra objetos, con similares frecuencias del 24.52% y 22.64% respectivamente, y por una menor frecuencia de litigios derivados de accidentes resultantes del acceso a o uso de remontes mecánicos (16.99%).
VIAS PROCESALES Y RESULTADO
Después de la de interponer una demanda y como consecuencia de que en España no existe legislación alguna específica para dirimir la responsabilidad derivada de los accidentes de esquí, la decisión que debieron tomar las partes demandantes fue la de si las consecuencias del accidente que denunciaban fueron daños por negligencia de terceros, y por tanto seguir la vía procesal civil, o si fueron lesiones por acción imprudente de las partes demandadas, con lo que la vía procesal a seguir sería la penal. En el primer caso, mayoritariamente elegido por el 65% de los demandantes, todas las sentencias se motivaron en base a la esfera de influencia del Artículo 1902 del Código civil sobre responsabilidad extracontractual, mientras que en el segundo, elegido por el 35% restante, las decisiones de los tribunales fueron tomadas en base a la de los Artículos 147 y 621 del Código penal sobre atentados imprudentes contra la integridad corporal o la salud física o mental de las personas. A pesar de que una mayoría de las sentencias que cerraron los procesos fueron de carácter absolutorio (65%) la proporción de condenas varió en gran medida dependiendo de la vía procesal seguida puesto que mientras 32 de las 69 demandas civiles resultaron condenatorias solo lo fueron 5 de las 37 penales –todas derivadas de accidentes por colisión entre esquiadores–, un 4.73% del total de casos, aunque como se verá en el espacio dedicado a las indemnizaciones, las condenas penales costaron de media a los demandados prácticamente el doble que a los condenados por la vía civil.
INSTANCIAS
Ninguna de las 106 demandas interpuestas ante los Juzgados de Primera Instancia (JPI) quedaron resueltas en ellos, sino que todas sus resoluciones fueron apeladas para pasar a ser vistas en las Audiencias Provinciales (AP), instancia donde sí quedaron resueltos la práctica totalidad de procesos (93.4%), pasando únicamente 7, todos de carácter civil, a la jurisdicción del Tribunal Supremo (TS) para quedar definitivamente resueltos. Esto sirve de base para apoyar la premisa de que los litigantes en casos por accidentes de esquí no confían demasiado en las cortes de primera instancia y que cuando la razón no les es otorgada prefieren apelar a instancia o instancias superiores asumiendo el riesgo de un importante aumento en los costes procesales del litigo. Sin embargo, la instancia o instancias superiores confirmaron en su totalidad 86 (81.13%) de las sentencias dictadas en la primera instancia, por lo que dicha falta de confianza sólo fue justificada en los 20 casos restantes. Dado que todas las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (7) confirmaron las de las correspondientes Audiencias Provinciales, solo 17 de estos 20 casos vieron como la instancia definitiva revocó y cambió totalmente el sentido de la primera instancia, pasándose en 11 de ellas, como en el caso de Julia H. L. v. Explotaciones Turísticas de Candanchú, S.A. (2007), de la absolución del demandado a su condena a pagar indemnización, y en 6, como en el caso de Gabriela M. L. v. La Pinilla, S.A. (2006), de la condena de la demandada a su libre absolución. Los otros tres casos fueron estimados solo parcialmente para modificar importes dinerarios, aumentando la indemnización a satisfacer por la parte demandada (Carlos P. S. v. Gonzalo P. G., 1999), rebajando la indemnización a pagar por la parte demandada (Francisco Javier G. M. v. Cetursa Sierra Nevada S.A., 1999), y eximiendo de costes procesales a la parte demandante para declararlos de oficio para ser asumidos por el estado (Mercedes P. C. v. Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque (Cerler), 2003).
INDEMNIZACIÓN
Además de otras como la constancia de antecedentes penales en el expediente judicial del demandado, la principal implicación de que un proceso judicial condenatorio haya seguido la vía procesal penal en lugar de la civil se encuentra en la composición de la cantidad económica a satisfacer por la parte condenada. Así, mientras las condenas civiles conllevan una indemnización calculada en función de criterios como la gravedad del daño causado al demandante, el coste de la atención médica y, en su caso, de la hospitalización, los días de baja laboral, la existencia de secuelas, etc., las penales conllevan una indemnización de la misma naturaleza pero a la que ha de sumarse una pena de multa calculada por los jueces en función de la gravedad de la falta o delito cometido por el demandado5. Aunque la mayoría de las sentencias que cerraron los procesos fueron de carácter absolutorio, el porcentaje que constituyeron las condenatorias costaron en conjunto más de un millón de euros a las partes demandadas, siendo de destacar la sentencia del caso de Francisco Javier G. L. v. Miguel Ángel C. T. (2002), resuelto en proceso penal por colisión entre esquiadores por la AP de Huesca, que encontró al demandado culpable del delito de ocasionar lesiones muy graves a un menor de 7 años y le condenó a pagar los 138,077 € que hasta el momento constituyen la condena económica más alta de la historia judicial española en materia de accidentes de esquí. En el extremo contrario se encuentra el caso de Jesús L. V. v. Cantur, S.A. (Alto Campoo) (2004), resuelto en proceso civil por colisión entre esquiadores por la AP de Cantabria, que encontró a la estación de esquí demandada responsable por negligencia de las lesiones leves sufridas por el demandante cuando fue arrollado por otro esquiador mientras esperaba la cola del telesilla, y la condenó a pagar los 901.52 euros que hasta el momento constituyen la cantidad indemnizatoria más baja. La media indemnizatoria para todos los casos condenatorios se encuentra en los 28,873.34 €, siendo de 25,799.15 € para los casos civiles y de 48,548.17 € para los de naturaleza penal.
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. lo mejor seria que nadie perdiera los nervios, pero si a alguien se le podria entender es al padre.
