En una temporada en que la meteorología no está acompañando a las estaciones de esquí de los Estados Unidos por culpa de las escasas nevadas, a los negocios dependientes de este sector de turismo de montaña, solo les faltaba la presión de ICE (el Servicio de Inmigración federal) para acabar de poner en jaque su economía. En varios valles turísticos del oeste del país (especialmente en Colorado, Utah y California), restaurantes, hoteles, servicios turísticos, están viendo no solo como de repente huyen sus empleados, sino que les bajan los ingresos al no poder atender a los turistas.
No se trata, como a menudo se simplifica, de una cuestión de “empleados ilegales”. La realidad es mucho más compleja y, para el sector, mucho más preocupante.
En los pueblos de montaña que viven casi exclusivamente del turismo de esquí, una parte esencial de la mano de obra es inmigrante. Camareros, cocineros, personal de limpieza, mantenimiento, remontes, transporte o construcción sostienen una economía extremadamente temporal, con picos de trabajo muy intensos en invierno. Muchos de estos trabajadores tienen contrato, llevan años trabajando de forma legal y pagan impuestos, pero aun así han dejado de acudir a sus puestos en las últimas semanas. El motivo principal no es una redada masiva, sino el miedo.
Miedo a ser detenidos por errores administrativos menores. Miedo a que una renovación de visado que se retrasa meses los deje en una situación vulnerable. Miedo, incluso, a ser utilizados como vía indirecta para localizar o presionar a un familiar sin estatus regular. En comunidades pequeñas, donde todos se conocen y las noticias vuelan, la simple presencia de agentes federales basta para paralizar barrios enteros.
Acto de protesta contra el ICE bajo la nieve
Este fenómeno tiene un efecto inmediato. Cuando varios empleados no se presentan de un día para otro, los negocios no tienen margen de maniobra. En un pueblo a 2.000 metros de altitud, con alquileres prohibitivos y sin una bolsa de trabajadores locales disponible, no es posible sustituir personal de forma urgente. El resultado salta a la vista: restaurantes que cierran días completos o reducen drásticamente su oferta, hoteles que no pueden preparar habitaciones, servicios que se ralentizan o desaparecen justo en plena temporada alta.
El impacto económico es directo y en cascada. Menos mesas atendidas significa menos clientes y menos facturación. Menos habitaciones disponibles implica menos noches vendidas. A partir de ahí, caen los ingresos fiscales locales y se resiente toda la cadena económica del turismo de montaña. No es un problema teórico ni a largo plazo: ocurre en cuestión de días.
El sistema de visados temporales, en teoría diseñado para cubrir estas necesidades, tampoco está funcionando. El visado H-2B, pensado para trabajos no agrícolas y estacionales, es una herramienta habitual en estaciones de esquí y destinos turísticos. Sin embargo, el sector denuncia desde hace años que los cupos son insuficientes, los plazos no encajan con la realidad de la temporada y los trámites son excesivamente lentos. Cuando un negocio necesita personal para diciembre, no puede esperar meses a que se resuelva una solicitud. Muchos trabajadores quedan atrapados en un limbo administrativo que, sin ser ilegal en sentido estricto, los expone a riesgos reales si ICE intensifica su actividad en la zona.
Este clima de inseguridad no afecta solo a los empleados. También empieza a inquietar a los turistas. El visitante que llega a una estación de esquí espera servicios completos, restaurantes abiertos y una experiencia fluida. Cuando encuentra cierres inesperados, esperas largas o una sensación general de tensión en el ambiente, la percepción del destino se resiente. En un mercado global muy competitivo, eso puede traducirse en menos reservas futuras.
La comparación con Europa resulta inevitable. En los Alpes, países como Francia, Austria, Suiza o Italia llevan décadas gestionando economías turísticas altamente estacionales y dependientes de mano de obra temporal. Los sistemas de permisos y contratos estacionales están mejor integrados, son más previsibles y reconocen explícitamente que el turismo de montaña necesita flujos de trabajadores recurrentes y regulados. Eso no elimina todos los problemas, pero reduce la incertidumbre y evita que el miedo se convierta en un factor desestabilizador del sistema.
En Estados Unidos, en cambio, la política migratoria sigue pensada desde una lógica más urbana y permanente, poco adaptada a realidades como la del esquí. Las estaciones cumplen la ley laboral, los negocios hacen lo posible por regularizar a sus empleados y los trabajadores quieren trabajar. Aun así, la combinación de cupos insuficientes, burocracia lenta y actuaciones policiales genera un efecto paralizante.
La paradoja es que las estaciones de esquí necesitan a estos trabajadores para funcionar, pero el marco migratorio actual no está diseñado para proteger ni esa necesidad económica ni la estabilidad de las comunidades de montaña. Mientras no se aborde esa contradicción, el problema no hará más que repetirse, temporada tras temporada, con consecuencias cada vez más visibles para el turismo, la economía local y la imagen de algunos de los destinos de esquí más emblemáticos del país.
Un ciudadano de los Estados Unidos muestra uno de sus dedos a un vehículo policial
Agentes del ICE sin formación ni experiencia
En los últimos meses, Estados Unidos ha llevado a cabo una expansión sin precedentes de su agencia de inmigración y control de aduanas, ICE, incorporando a miles de nuevos agentes en muy poco tiempo. Tradicionalmente estas personas eran profesionales con formación sólida, muchos con experiencia previa en fuerzas policiales, estatales o federales, e incluso en las fuerzas armadas. Además recibían un entrenamiento exhaustivo en el Federal Law Enforcement Training Center (FLETC), que duraba entre cuatro y seis meses y cubría aspectos legales, tácticos y de derechos humanos, además de un periodo adicional de práctica supervisada en el terreno. Este proceso garantizaba que los agentes no solo supieran detener y custodiar personas, sino también manejar correctamente los procedimientos legales y actuar con conocimiento de los derechos de los inmigrantes.
Sin embargo, la reciente contratación masiva ha alterado esta dinámica. Para poder aumentar rápidamente la fuerza operativa y cumplir con los objetivos de detención y deportación marcados por las nuevas políticas migratorias, el Departamento de Seguridad Nacional ha flexibilizado ciertos requisitos y ha acortado los periodos de formación de los nuevos reclutas. Muchas de las personas incorporadas no cuentan con experiencia previa en aplicación de la ley y su entrenamiento práctico es limitado. Esto ha generado preocupación sobre si están suficientemente preparados para actuar correctamente, especialmente en situaciones complejas que involucran familias, menores o personas con vulnerabilidades.
La rapidez con la que se ha llevado a cabo la contratación ha suscitado también críticas desde organizaciones de derechos civiles y expertos en migración. Se critica que la combinación de personal poco experimentado, supervisión limitada y presión por cumplir objetivos, provoca detenciones mal gestionadas, errores legales y conflictos con las comunidades locales. De hecho, ya se han registrado casos de detenciones indebidas o procedimientos mal documentados que han terminado en los tribunales, aumentando el escrutinio público sobre ICE y cuestionando su capacidad para mantener los estándares tradicionales de aplicación de la ley y respeto a los derechos humanos.
