La Diputación de Huesca ha respondido a la UE, que tiene serias dudas de que se pueda cumplir el calendario de instalación de un telecabina entre las estaciones de esquí de Astún y Formigal. Y lo hizo en respuesta a un cuestionario que desde Bruselas se remitió para valorar la viabilidad de los proyectos incluidos en los Fondos Next Generation 21.
Entre las dificultades que el Presidente de la Diputación de Huesca relata en su contestación, está la aprobación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) y el de la Declaración de Impacto Ambiental. Son dos trámites que pueden llevar un año en finalizar, y que mientras no estén aprobados no se puede licitar ningún trabajo.
También advierte de la poca predisposición de los Ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo a esta unión mediante un telecabina que atraviese Cana Roya. Ambos consistorios aprobaron una declaración prácticamente unánime de todos los partidos que tienen representación de "no favorable" a este nuevo remonte.
Esta situación se une a las declaraciones de Marta Gastón, consejera de Economía de la DGA y presidenta de Aramón quién aseguró que el proyecto de unión entre las estaciones de esquí de Astún y Formigal quedaba en manos de la Diputación de Huesca como promotor oficial de este proyecto. Y dado que esta institución acaba de remitir un informe poco favorable a la Unión Europea, el proyecto empieza a desmoronarse del todo.
Marta Gastón recordó ayer, que si el Gogierno de Aragón se ha metido en este complejo proyecto, es porque se lleva reclamando desde hace años. En declaraciones recogidas por elheraldo.es, la consejera aseguraba que
"Como comprenderán, el presidente Lambán, o en mi propio caso, no nos levantamos un día y nos empecinamos en llevar a cabo un proyecto por muy importante que sea.
La nieve es un motor en el territorio y los ayuntamientos y los empresarios de estos valles han trasladado de manera recurrente su voluntad de que el sector sea competitivo, buscando garantías de futuro, y el Gobierno de Aragón, además de escuchar activamente lo impulsa en el momento en el que hay una posibilidad.
La DGA estará dispuesta a acometer cualquier proyecto con el territorio que suponga una demanda y tan histórica como esta y una apertura hacia esas garantías de futuro socioeconómico en los valles.
En todo caso, tengo muy presente cómo los pueblos de la zona le reclamaron que no tenían "modus vivendi" por el cierre de las estaciones durante los confinamientos por la pandemia.
Con el territorio se pueden acometer estos proyectos, pero sin él resulta más difícil.
Declaraciones que dejaban entrever que desde el ejecutivo autonómico ya no se cree contar con la garantía del territorio para acometer un proyecto de de este calibre. Aún así, el presidente de la DPH, Miguel Gracia aseguraba después que defienden la unión de las dos estaciones de esquí por su
«importancia para el desarrollo económico y el freno a la despoblación del territorio, pero hay que aunar esfuerzos entre todas las administraciones para llevarlo adelante».
Por eso, reclama dos vías. O una prórroga en los plazos de la UE, que pide que las obras estén acabadas para finales de 2025, con un estrecho margen de cinco meses más hasta junio de 2026 que es cuando se ha de entregar el informe completo de las obras y, de no ser posible, propone redistribuir los 26,4 millones de euros asignados a otros planes de turismo sostenible de la Comunidad de Aragón.
