La juez de Vielha investiga a la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, y dos cargos más de la agencia española por la falta de medidas preventivas en una expedición en ela Val d'Aran en marzo de 2018, en que dos trabajadores murieron por una avalancha. La presidenta y los que entonces eran responsables de riesgos laborales y recursos humanos del CSIC -Agencia que depende del Ministerio de Ciencia- han sido citados a declarar el próximo jueves 27 de mayo por orden de la Audiencia de Lleida ante las sospechas de que pudieron cometer un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores, según el auto.
El accidente ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando tres miembros de una expedición científica destinada a recoger muestras de agua del lago Redon para un proyecto del CSIC fueron arrastrados por un alud en el Valle de Conangles que les arastró hasta una roca vertical de 90 metros de altura.
A raíz del accidente, resultó herido grave Roberto Sánchez, investigador de Lasarte (Guipúzcoa) contratado como técnico superior para el CSIC, y murieron las dos personas que le acompañaban: Gaspar Giner Abati, de Salamanca, un biólogo que había trabajado en esta empresa pública, y el montañero Unai Pérez de Arenaza, vecino de Bergara (Guipúzcoa).
Ambos muertos habían sido reclutados verbalmente por el director del proyecto, Luis C. -también investigado-, unos días antes de la salida de la expedición sin realizar ningún trámite administrativo previo, ni gestionar ninguna hoja de pedido de contratación y sin que la gerencia del CSIC autorizara ningún gasto relacionado con su intervención en la campaña de toma de muestras.
Esta situación motivó una demanda por parte de la Tesorería de la Seguridad Social y el juzgado social número 1 de Lleida reconoció en una sentencia, que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los muertos mantenían una relación laboral con el CSIC aunque esta agencia lo negara.
Los familiares de los investigadores muertos han constituido como acusación particular en la causa penal abierta por el accidente y han pedido la imputación de la cúpula del CSIC porque consideran que la expedición, los miembros de la que iban equipados con material proporcionado por la empresa científica, se llevó a cabo sin medidas de prevención. De hecho, tras el accidente mortal, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que consta como aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después de la fatídica expedición en el lago Redon , según un informe incluido en el sumario.
La Abogacía del Estado, que representa al CSIC, y la Fiscalía se opusieron a que se investigue a los responsables de esta empresa, pero la Audiencia de Lleida ha ordenado al juez tomarles declaración como imputados al entender que pueden ser claves para “conocer la estructura organizativa y preventiva” cuando ocurrió el siniestro.
El tribunal cree que,
"a pesar de que el accidente fue calificado de fortuito en un atestado inicial elaborado por los Mossos d’Esquadra, no se puede descartar la existencia de ciertas sospechas de la posible comisión por parte de responsables del CSIC de un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores previsto en los artículos 316 y 317 del Código Penal”.
