Las conversaciones telefónicas grabadas entre los imputados demuestran cómo Alejandro de Pedro, a través de sus sociedades EICO ON y MADIVA, hacía trabajos para mejorar la reputación 'online' y mediar a través de su influencia política en el PP para que Martínez Barazón se mantuviera en el cargo. Esta relación se extendió posteriormente a procedimientos de contratación de servicios públicos en la estación de esquí de San Isidro, dependiente de la Diputación de León.
En las llamadas telefónicas grabadas por la Policía se constata cómo Martínez Barazón tenía interés en sacar a licitación diversos contratos públicos vinculados a la estación de esquí, y que estos fueran adjudicados a empresas vinculadas a De Pedro y Conesa. Estaban orientados a la dinamización, mejora y explotación de las pistas de esquí y para la gestión de las cafeterías El Rebeco y Pico Agujas.
Según recoge el sumario, el entonces presidente de la Diputación, quería disponer de proyectos aprobados que pudiera presentar a la opinión pública para consolidarse como máximo responsable de la institución de cara a las citas electorales que estaban próximas. Para ello, acudió a De Pedro y Conesa, con quienes le unía una relación de servicios previa en materia de reputación 'online' y asesoramiento político.
Los proyectos sobre los que centraron su atención fueron los relativos a las pistas de esquí de San Isidro, tratando de articularlos de tal manera que se ajustaran en plazo a las necesidades políticas de Martínez Barazón, y que garantizara su adjudicación al entorno de De Pedro.
Los empresarios imputados gozaron de información privilegiada, llegando incluso Martínez Barazón a instar a la modificación de los pliegos de contratación para favorecer a sus empresas. En una conversación grabada, el entonces presidente reconocía que "lógicamente como ellos lo van a diseñar se van a presentar y lo van a ganar", en referencia al concurso del contrato público.
La intervención de la trama llega hasta el punto, según el informe policial incluido en el sumario, de que los empresarios imputados determinaron el título de los expedientes y su contenido al redactar documentos que contienen las prestaciones, su coste y el objeto del contrato.
Esos términos deberían haber sido de competencia exclusiva de la administración licitante, en este caso la Diputación de León. Esta manipulación, según el sumario, se habría llevado a cabo con la intervención directa del mismo presidente de la Diputación, quien habría remitido los pliegos a Alejando de Pedro.
Esta trama también salpica al interventor de la Diputación, el popular Manuel Jesús López, funcionario en el que recae la obligación de velar por la correcta tramitación del procedimiento.
López, quien también está imputado, no solo tendría intereses económicos en la buena marcha de la concesión de los contratos, sino que habría colaborado en buscar el procedimiento adecuado para que los contratos pudieran aprobarse en los términos acordados entre el presidente de la Diputación y De Pedro. A este respecto, el sumario recoge una conversación grabada de Marcos Martínez en las que afirmaba:
"El interventor este, es el primer interesado en que se haga porque tiene un huevo de terrenos en la zona, o sea que ha dicho que no va a poner ningún problema".
Asimismo, en las conversaciones registradas se apunta también a una posible participación del mismo presidente de la Diputación en una de las sociedades que iba a hacerse con los contratos de la estación invernal.