El aeropuerto La Seu-Andorra, que se prevé que se ponga en funcionamiento este verano, traerá en 2015 a cerca 8.400 visitantes, según los cálculos de la Generalitat de Catalunya hechos públicos dentro del Plan director urbanístico aeroportuario. De estos, el 75%, es decir, tres de cada cuatro, tendrán como destino final Andorra. Estos visitantes generarán en el Principado un impacto económico de unos 2,5 millones de euros. Sin embargo, y teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de visitantes hechas por la Generalitat, en 2030 el impacto económico anual de la infraestructura aeroportuaria para Andorra subirá hasta los 14 millones de euros.
Aunque se trata de datos positivos en cuanto al impacto turístico, el aeropuerto La Seu-Andorra será plenamente deficitario, al menos hasta 2030, que es el período máximo que ha tomado la Generalitat para elaborar sus planes urbanísticos. Como máximo, y partiendo de previsiones optimistas, se llegará a unos ingresos de 280.000 euros al año, gracias a las tasas de aterrizaje, las tasas por pasajero, las tasas por estacionamiento de aeronaves y otros ingresos relacionados con el movimiento de aeronaves fruto de la operación del aeropuerto. Una cifra que queda muy lejos de la previsión de gastos, establecidas en 3,5 millones de euros en 2030. Por todo, «el flujo de caja acumulado en el año 2030 se prevé de unos 65,7 millones de euros en negativo», expone el plan urbanístico.
Pero en ningún caso la Generalitat se muestra preocupada con estos datos. Y es que si se vinculan con el impacto económico que dejarán los visitantes en el territorio, sea en la comarca del Alt Urgell, sea en la propia Andorra, «supone un resultado económico acumulado de 54,1 millones de euros positivos sobre la región del 2030».
El plan urbanístico de la infraestructura deja en todo momento claro que los beneficios principales de su explotación se los llevará Andorra. De hecho, concluye en uno de sus apartados que para el Principado «será de importancia vital». También abren la puerta a crear una zona especial aduanera, para que las empresas andorranas puedan beneficiarse de su régimen fiscal en las adquisiciones de material aeronáutico.