Aramón, según indica la documentación a la que ha tenido acceso El Periódico de Aragón, manejaba (suelos aparte) un presupuesto de 31,1 millones de euros para las obras de la estación, y propuso a Foster que se llevara el 9% de esa cantidad (es decir, 2,8 millones) "por el diseño de los distintos edificios". A esa cifra le añadían 1,4 millones "por el diseño de elementos asociados", lo que situaba la tarifa en 4,2 millones. "IVA e impuestos locales no incluidos" en ambos casos, puntualiza el documento.
Sin embargo, no eran esos los únicos pagos a los que iba a comprometerse Aramón cuando, el 20 de febrero del 2009, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, formalizó con el arquitecto el contrato, que incluía como anexo los honorarios pactados dos meses antes, el 19 de diciembre del 2008, con un representante del diseñador.
El capítulo de gastos, que también iba a correr por cuenta de la sociedad aragonesa, suponía "una suma total adicional equivalente al 10% de la totalidad de los honorarios": otros 420.000 euros que situaban el precio en 4,62 millones.
Foster se comprometía a desarrollar en 17 meses los proyectos de los "distintos edificios" y los "elementos asociados" (que iban a sumar 29.000 metros cuadrados), y a elaborarlos "con razonable habilidad y cuidado en conformidad con el estándar normal aplicable a la profesión de arquitecto".
Gastos
Aramón le puso facilidades económicas para que pudiera alcanzar ese objetivo: un adelanto de 210.000 euros y la asunción de gastos como los de 46 viajes para dos personas de entre dos y cuatro días en función de si se desplazaban a Zaragoza o a Castanesa. Eso supone un máximo de 184 jornadas para un proyecto que debía estar acabado en poco más de 500.Aramón se comprometió a asumir gastos como la impresión de los planos e informes que fueran a utilizar sus técnicos y directivos o que pensara remitir a algún consultor. Y otros como las cinco copias de hasta 50 hojas en formato A-3 que iba a recibir de cada jalón del proceso de diseño: el estudio previo, el anteproyecto, el proyecto básico y el de ejecución, cuyos costes de comunicación y de traducción también cubrió.
El arquitecto iba a disponer para hacer su trabajo de 17 meses en los que cobraría el 75% del precio acordado en pagos mensuales. Estos, según recoge el acuerdo, tendrían un recargo del 4% si Aramón tardaba más de 28 días en efectuar los desembolsos.
Plazos
Así, tras haber incluido el coste del estudio previo en el adelanto de 210.000 euros, el hólding semipúblico del esquí debía pagar el 10% del dinero acordado (420.000 euros) en los dos meses de los que Foster disponía para entregar el anteproyecto. Tenía que desembolsar otro 30% (1,26 millones) cuatro meses después, cuando recibiera el proyecto básico. Y once más tarde, con el diseño definitivo para la ejecución en manos de Aramón, vencía otro 35% (1,47 millones). En resumen: 3,36 millones de euros libres de impuestos (el IVA estaba al 16%), a los que se sumaban el grueso de los gastos corrientes, en 17 meses.El 25% restante (1,05 millones, también con los tributos aparte) quedaba diferido a la fase de ejecución de los trabajos, para la que el acuerdo contemplaba un periodo de entre 31 y 33 meses y en el que Foster y técnicos de su despacho (Aramón suscribió el contrato con Foster Partners Limited) asumirían la dirección de las obras.
El coste de los preparativos para construir Castanesa (señalamiento de suelos y pago de proyectos) provocó en su día un fuerte debate público en el que las únicas voces críticas del ámbito político procedían de los dos grupos que tanto entonces como ahora capitalizan la oposición de izquierdas: CHA e IU.
Política
PSOE y PAR impulsaron desde el gobierno el proyecto de Castanesa, al que el PP, entonces en la oposición, no mostraba rechazo. Ahora las tornas han cambiado: los socialistas contemplan la muerte de la idea sin argumentos para criticar al actual Ejecutivo, mientras este digiere en silencio un legado que deja al borde de la quiebra el hólding, en el que siempre hubo representación de los aragonesistas.En el territorio, en Montanuy, solo el PSOE apoyó un PGOU que la justica ha terminado declarando ilegal mientras PP, CHA y PAR mostraban su rechazo y alertaban de los riesgos que entrañaba.
