Fuentes cercanas del consejo de administración justificaron el ajuste en el alto coste que suponía para la sociedad la sede de Zaragoza. En ella trabajan 49 personas, con salarios de alta dirección. El sueldo más bajo es de 70.000 euros y el más alto de 120.000 euros. A los que hay que añadir complementos en función de los resultados e incluso en algunos casos coche oficial. Los gastos en personal ascienden a 2,5 millones de euros, que ahora se reducirán en 800.000 euros.
El ahorro se consigue con una reducción de salarios de como máximo el 25%. Pero también habrá despidos. Serán hasta seis a corto plazo. Afectarán a áreas que ahora ya no tienen actividad. A largo plazo afectará a 13 personas como máximo, según explicaron fuentes del consejo de administración, que ayer aprobó estas medidas con el único voto en contra del representante del PSOE, Miguel Gracia. Justificó su decisión en que no conocía el contenido de la reestructuración, puesto que no se le había facilitado la información con anterioridad.
La remodelación del organigrama responde a un informe elaborado por una consultora del Principado de Andorra, en el que se recomienda reducir gastos de personal de los altos directivos de la sociedad. Desde el consejo de administración apuntaron ayer que el ajuste no afectará a los trabajadores de las estaciones, solo a los altos directivos de Zaragoza. Las mismas fuentes señalaron que la cúpula está en estos momentos "sobredimensionada" y que la empresa debe centrarse en crear riqueza en los valles, no en pagar sueldos "exagerados" a sus responsables.
Aramón se encuentra en pleno proceso de adaptación a los nuevos tiempos de crisis. La pasada semana se aprobó la refinanciación de su deuda que es de 78 millones de euros, y que ahogaba a la empresa. El plazo para cumplir sus obligaciones con los acreedores se ha ampliado a diez años. Una circunstancia que da margen financiero a la sociedad, puesto que se podrá ir pagando a medida que vayan entrando ingresos fruto de la explotación de las pistas. Aramón logró la refinanciación sin que fuera necesario que el Gobierno de Aragón e Ibercaja avalaran la operación. El Ejecutivo ya tuvo que respaldar a principios de año a la empresa pública con seis millones.
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