Lo que sí permitirá el concurso es ganar tiempo a Etuksa, ya que la ley que rige las quiebras de empresas las blinda durante un año frente a las reclamaciones de los acreedores. De esta forma, el contrato de gestión para el centro invernal que ultima el ‘holding’ aragonés de la nieve, Aramón, con Etuksa se podrá hacer efectivo, ya que tiene una duración limitada a una temporada. Eso sí, el juez tendrá primero que dictar un auto de admisión y nombrar a un administrador, que a su vez tendrá que analizar el acuerdo de gestión para ratificarlo o no.
Fuentes implicadas en la negociación señalaron que la situación se podría complicar en breve, porque el pago de la tasa de utilización de bienes del dominio público debe hacerse efectivo antes del 31 de diciembre. Su importe asciende a 54.000 euros, pero Etuksa carece de liquidez para hacer frente a sus pagos y ya no podrá negociar un aplazamiento con la Mancomunidad de Aísa. Por tanto, la entidad podrá recuperar la concesión de Candanchú e instar la reversión de las infraestructuras.
La nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, publicada el pasado 30 de octubre, prohíbe expresamente aplazar o fraccionar las deudas tributarias que, de acuerdo con la legislación concursal, tengan la consideración de créditos contra la masa. Y según varios especialistas consultados, este sería un caso claro.
«Se complicaría todo, pero el blindaje establecido en la ley concursal se alarga un año»
El problema de la deuda
Tampoco ayuda a la resolución de la crítica situación de la estación de Candanchú el fuerte malestar de la plantilla y de los proveedores, que se quedan al margen del acuerdo entre Etuksa y Aramón. El ‘holding’ de la nieve ha dejado muy claro que no asumirá ni un euro de la deuda contraída por la concesionaria y que se limitará a cubrir los costes de la puesta en servicio de las instalaciones, estimados entre 380.000 y 500.000 euros.La DGA dijo que se haría cargo en un principio de los atrasos de la plantilla, pero el ‘holding’ de la nieve lo acabó descartando para evitar el riesgo de una demanda de sucesión de empresas y acabar asumiendo los más de seis millones de deuda de Etuksa. La primera de la lista es la Administración central, que acumula más de dos millones a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria. Y el único acreedor que tenía visos de poder cobrar era el Gobierno de Aragón, al que se le deben las tasas ambientales, que están recurridas. En este caso, la empresa tiene avales formalizados por un importe de 212.480 euros con la CAI y el Banco Santander, aunque con el concurso podría variar el destino de este dinero.
Además, hay otro frente abierto, el cabreo de los proveedores por los impagos, que podría provocar que nadie quisiera servir a la estación, independientemente de quien la gestione, si no se saldan con antelación las facturas pendientes. De esta forma, se complicaría incluso la apertura de las instalaciones, porque podría haber problemas para que se sirvieran las piezas defectuosas de la red de remontes.
Y esto no se podrá saber hasta que la estación recupere el suministro eléctrico de media tensión, cortado por impago desde hace meses, y se sepa el estado real de las infraestructuras. La situación se ha complicado aún más con el impago de los recibos de baja tensión, lo que dejará sin luz todas las dependencias en unos días.
194.478 euros
Explotaciones Turísticas de Candanchú S. A. (Etuksa) debe las tasas de los dos últimos años por la utilización del monte público para las pistas, además del canon por la ocupación para la red de remontes, que suman 194.478 euros y se deben a la Mancomunidad Forestal del Valle de Aísa. Este impago implica la caducidad de la concesión y la pérdidas de todas las infraestructuras de la concesión.
