Boí Taüll evita el cierre

El complejo de esquí Boí Taüll Resort, en concurso de acreedores en el juzgado mercantil 5 de Barcelona, que dirige el juez Daniel Irigoyen, abrirá finalmente la próxima temporada al haber logrado la inyección de un crédito puente de 800.000 euros por parte de su principal accionista, la constructora Nozar, a su vez en concurso de acreedores. La aportación permitirá evitar el cierre de los seis hoteles del complejo y de la estación de esquí y levantar el ERE temporal, que ahora afecta a 90 trabajadores, de cara a la temporada de esquí que está previsto que empiece el 1 de diciembre, si no falta nieve.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que los administradores concursales de Nozar han autorizado finalmente la aportación de 800.000 euros como crédito puente al constatar la falta de acuerdo con la Generalitat, que se ha negado a dar nuevos créditos a la estación para reabrir y se ha mostrado sólo dispuesta a comprarla si el concurso conllevaba la liquidación de la empresa y la venta de la unidad productiva, y en todo caso pagando un precio simbólico.

Promocions Turístiques de la Vall, la empresa que explota el resort, presentó concurso con un pasivo de 48 millones de euros de los que 8 millones corresponden a créditos con la propia Nozar. La constructora de la familia Nozaleda, sin embargo, ha invertido un total de 30 millones de euros en el complejo desde que lo adquirió en el 2004 a Bankpime, el promotor original en los años ochenta.

Boí Taüll, representada en el concurso por el abogado Agustí Bou, del bufete Jausàs, ha planteado a los acreedores una propuesta de convenio que ofrece pagar toda la deuda sin quita con una espera de 15 años, o sólo en 10 años si aceptan una quita del 40% o bien transformarla en crédito participativo, una posibilidad a la que prevé acogerse la propia Nozar. La firma ha pedido también a la banca refinanciar los créditos hipotecarios, de 32 millones de euros, aplazando su pago durante doce años. Uno de los principales acreedores hipotecarios es precisamente la Generalitat, a través del ICF, con 7 millones de deuda. La firma ha declarado un activo de 60 millones frente a 48 de pasivo.