La Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado deberá indemnizar a Diamantina Díaz Trapiello con 2.791,06 euros por los daños que ocasionó un alud de nieve a su vehículo cuando circulaba por la carretera de San Isidro (AS-253), en el tramo comprendido entre Los Areneros y Riofrío. Así lo dictamina una sentencia del Juzgado número uno de la contencioso-administrativo de Oviedo.
El accidente se produjo a principios de 2005 y el vehículo era conducido por el hijo de la demandante, Alberto Gutiérrez Díaz, que viajaba acompañado por otros tres jóvenes que descendían desde La Raya en dirección a Cabañaquinta. En ese momento, fueron sorprendidos por un alud de nieve que sepultó por completo el automóvil, del que pudieron salir gracias a la agilidad de los ocupantes, que necesitaron romper las ventanillas para ponerse a salvo. El vehículo no fue liberado hasta al día siguiente con la intervención de los equipos de conservación del Principado y de los propietarios del vehículo.
Asesorada por el abogado Carlos Gaspar del Valle Vega, la propietaria formuló una reclamación patrimonial contra la Consejería de Infraestructuras del Principado de Asturias por los daños que ocasionó en su coche la avalancha de nieve y rocas. La demandante consideró al Principado responsable de lo sucedido «al no adoptarse las medidas pertinentes de seguridad», como la retirada de la nieve de las laderas más próximas a la calzada o, en su caso, ordenar el cierre de la vía al trafico rodado. También denunció que el sistema de defensa contra aludes instalado en la zona no es efectivo, «como lo demuestran los hechos».
Según explicaron ayer los representantes legales de la demandante, la Consejería de Infraestructuras «no resolvió la reclamación patrimonial en el plazo establecido» y la propietaria del vehículo, entendiendo que era desestimada por silencio administrativo, tramitó una demanda judicial.
La sentencia
La sentencia estima la reclamación y condena a la Consejería de Infraestructuras al pago a la damnificada de la cantidad de 2.791,06 euros. El fallo también establece que el Principado, como titular de la carretera, «tiene la obligación de mantener la calzada en adecuado estado de seguridad para el trafico rodado, limpia y expedita de obstáculos y, si bien ante un súbito desprendimiento de nieve no le es exigible la retirada inmediata de la misma, sí que se le exige la adopción de medidas precisas para evitar o prevenir tales eventos, todo ello dentro de los parámetros estándares de seguridad exigibles». El Principado, según el texto de la sentencia, no acreditó en ningún momento la adopción de medidas para evitar las avalanchas de nieve, requeridas por el juez.El accidente se remonta al 26 de febrero de 2005, coincidiendo con una nevada importante que superó las barreras antialudes colocadas con motivo de las obras de rehabilitación de la carretera del puerto de San Isidro, dentro del tramo Cabañaquinta a La Raya.
