Según un comunicado de Cetursa, “los hechos se remontan inicio de la temporada 2001/2002, cuando Sierra Nevada Club Agencia de Viajes S.A. se planteó instalar un punto de información al usuario junto al telecabina Al Andalus, ocupando una zona que había estado utilizándose, en otras temporadas, como terraza de una bocadillería ubicada en el edificio Montebajo, sito frente a la zona mencionada, y que ocasionaba problemas de concentración de gente en un punto especialmente sensible por estar muy cerca de la entrada y salida del medio mecánico que más personas transporta, así como en la salida de los esquiadores, que en gran número, descienden por la pista del Río”.
Añade la nota que “para la instalación de dicho punto de información, se solicitó y obtuvo del ayuntamiento la licencia oportuna, procediendo a construir lo que debió haber sido un servicio de información al usuario, pero antes de acabar las instalaciones, el propio ayuntamiento revocó la licencia concedida, para otorgar, días después, una licencia a la bocadillería citada, propiedad del presidente de una de las asociaciones de empresarios de Sierra Nevada, que ha estado ocupando dicho espacio desde entonces”.
El fallo del juzgado, que no admite recurso, señala que el ayuntamiento de Monachíl incurrió “en una doble vulneración del ordenamiento jurídico al revocar primero, sin fundamento, la licencia otorgada y al negarse después a aceptar ningún tipo de alegaciones por parte de Cetursa, ni permitirle ajustar la obra a la voluntad del propio ayuntamiento. Se da la circunstancia de que fueron los propios operarios municipales, con ayuda de la Policía Local, quienes procedieron al desmantelamiento de las instalaciones realizadas por Cetursa, sin dar más plazo que 36 horas y sin atender a ningún tipo de sugerencia o alegación de la empresa”.
El hecho añadido de la posterior pero inmediata concesión de ese mismo espacio público a otra empresa, “está haciendo plantear a los responsables de Cetursa Sierra Nevada S.A. la posibilidad de iniciar un proceso, por la vía penal, para exigir responsabilidades personales al alcalde de Monachil por las decisiones adoptadas”, concluye el comunicado.
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