"incluir a partir del próximo Plan Anual de Actividades de Control de la Intervención General de 2018 la elaboración de auditorías financieras de las estaciones de esquí rescatadas por la Generalitat desde la situación anterior a la adquisición pública hasta la actualidad. Las auditorías deberán poner especial énfasis en los diferentes procesos de compraventa en los que se han visto implicadas las estaciones de esquí, con la finalidad de que los resultados de las auditorías se presenten públicamente ante el Parlament durante el año 2018."
En los otros dos puntos aprobados, se pide garantizar "la dignidad en los puestos de trabajo del sector turístico, impidiendo la existencia de trabajadores fuera del convenio del sector al cual corresponde la actividad que realizan efectivamente".
Por lo que respecta a las empresas públicas y en aquellas donde la Administración participa directamente o mediante concurso público, el Parlament insta a asegurar "el cumplimiento de que los trabajadores estén adscritos al convenio al que corresponde la actividad que efectivamente realizan".
El diputado de la CUP Sergi Saladié, que ha presentado la moción, ha justificado las medidas que contenían el resto de puntos del texto, y que han sido rechazadas, por "la necesidad de minimizar el impacto del turismo, y de proponer elementos para hacer cambios estructurales en el modelo. Es cierto que proponíamos medidas radicales, -ha admitido- pero ya hemos visto que las del resto de partidos no sirven, y estaría bien que les expliquen a los vecinos que están siendo desalojados de sus viviendas para convertirlas en pisos turísticos que lo que decimos es demasiado radical".
