El informe relativo a los trabajos de fiscalización correspondientes al cierre del ejercicio 2013 del de La Massana publicado la semana pasada por el Tribunal de Cuentas considera que
"con todo, el análisis de la emisión hace concluir que esta operación es endeudamiento comunal en los términos que regula el Capítulo III del Título III de la LFC y con los efectos previstos en el artículo 47 de la misma ley".
Además, el Tribunal pide mas evidencias ante las alegaciones aportadas por el Comú, insistiendo a través de las consultoras contratadas que "no contiene ninguna obligación expresa de amortización o de adquisición y que la sociedad mantiene intacta su facultad discrecional de elegir entre la entrega de efectivo o de otro activo financiero para liquidar o amortizar las participaciones "
De hecho, el informe del Comú ha sido objeto de fiscalización complementaria por parte del Tribunal, sin que de estos trabajos haya resultado "ninguna observación que modifique las conclusiones contenidas en el mismo". Como explica el Tribunal de Cuentas, en sus alegaciones en uno de los informes técnicos que aporta el Comú, la corporación y sus consultoras insisten en considerar que la obligación de aportar fondos comunales a cuentas bancarias para que sean destinados, directa o indirecta, a adquirir a las entidades bancarias suscriptoras, participaciones preferentes o, en su caso, acciones provenientes de la conversión, no puede ser considerada una garantía en los términos previstos en la LFC. Esta es la clave, según el cónsul mayor, David Baró, que este miércoles aseguró que el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) confirmará este extremo, en respuesta al Tribunal de Cuentas, el cual condiciona la conclusión definitiva de esta operación a la aportación por parte del Comú de evidencias suficientes
"que no dejen lugar a dudas o posible interpretación sobre la calificación de esta obligación en el sentido de no poder ser considerada garantía".
El Informe del Tribunal de Cuentas, de hecho, incluye un cuadro en el que se deja fuera esta operación de endeudamiento comunal, en caso de que finalmente se pueda probar que tiene que ser así. Si las cifras acaban siendo avaladas, el endeudamiento del Comú quedaría situado en 18,9 millones de euros, por debajo del máximo previsto por ley de 24 millones de euros. Baró ha insistido en que así será, que "el Tribunal de Cuentas no ha tumbado nada, que las cuentas han sido validados" y están por debajo del límite de la deuda. El cónsul mayor afirmó que la operación es "bastante compleja e inédita en Andorra" y que por ello se deben dar muchas explicaciones, pero que ya existen precedentes fuera del Principado, como un caso de British Airways.En cuanto a la colaboración del INAF para esclarecer la duda, una de las posibilidades que ofrece el Tribunal de Cuentas, Baró ha asegurado que el supervisor transmitirá la información que se pide en la siguiente fiscalización y que habrá evidencias para eliminar ninguna duda. El Comú ha trasladado al INAF la demanda poco después de la publicación del informe del Tribunal de Cuentas y, según las conversaciones mantenidas con el ente supervisor, Barón cree que acabarán confirmando la posición del Común y desvaneciendo las dudas de una "operación inédita para resolver un problema histórico".
Baró se ha mostrado satisfecho, además, al recordar que el Comú rebaja la deuda cada día en 7.500 euros y que EMAP ha cerrado por segundo año con beneficios y el objetivo es que lo siga haciendo, sin hacer grandes inversiones para mejorar la salud económica de la entidad
