La Cámara de Cuentas ha solicitado al consejo de administración de Aramón todos los documentos y datos para fiscalizar su gestión de los ejercicios de 2012 y 2013, en cumplimiento del acuerdo adoptado en diciembre del pasado año en la comisión institucional y de desarrollo estatuario de las Cortes de Aragón. La iniciativa no está exenta de polémica porque es una empresa mercantil privada, en el que la DGA tiene el 50% e Ibercaja el otro 50%. No obstante, aceptará ser auditada por el organismo fiscalizador, cuya labor se desarrollará a lo largo del último trimestre de este año.
La decisión ha causado cierta sorpresa (pese a que la Cámara de Cuentas no tiene más remedio que cumplir con las resoluciones aprobadas en las comisiones y plenos del Parlamento autonómico, acertadas o no), porque se sale de las competencias propias del mencionado tribunal fiscalizador, cuya labor está sujeta a que sean sociedades públicas y con mayoría del Gobierno de Aragón. En el grupo de la nieve se da también otra circunstancia: que los estatutos de la sociedad establecen que los acuerdos transcendentales (la práctica totalidad) se adopten por el 80% de los miembros del consejo.
Asimismo, Aramón no es el único caso en el listado aprobado por los grupos políticos a mediados de diciembre del 2013, sin que PP y PAR, que apoyan la coalición de Gobierno, ni el PSOE, que están en los consejos de administración de diversas sociedades, advirtieran los inconvenientes legales y societarios.
La situación es similar a la que sucede con Zaragoza Alta Velocidad, aunque esta es empresa pública pero sin mayoría del Ejecutivo de Aragón (Fomento, a través de Renfe y del Adif, tiene el 50% del capital de la sociedad creada en 2002, la DGA el 25% y el Ayuntamiento de Zaragoza el otro 25%.
En estas circunstancias, la labor de la Cámara de Cuentas estará limitada en muchos aspectos, ya que habrá documentos y contratos que estarán dentro del ámbito privado y, en teoría, no podrían hacerse públicos o auditarse. De todas formas, el órgano fiscalizador ya ha iniciado los trámites para solicitar a Aramón las cuentas anuales, financieras y de cumplimiento de 2012 y 2013, incluyendo contrataciones y contratos.
Exactamente igual que ha hecho o hará en las próximas semanas con Zaragoza Alta Velocidad y con las siguientes sociedades públicas: Plataforma Logística de Zaragoza, Expo Zaragoza Empresarial, ciudad del Motor de Aragón (Motorland) y el Consorcio del Aeródromo/Aeropuerto de Teruel.
Entre las prioridades aprobadas en la comisión institucional para que la Cámara de Cuentas las incluyera en su programa de actuaciones de 2014, también tiene especial relevancia la fiscalización del Departamento de Educación y el funcionamiento del Conservatorio Superior de Música, la Escuela de Arte y Diseño y las Escuelas Oficiales de Idiomas.
Problema de competencias
El contenido del acuerdo de la comisión institucional pasó prácticamente desapercibido para todos, pero especialmente para el Ejecutivo autonómico y para PP y PAR y para el PSOE, al menos en lo que se refiere a limites legales y capacidad de competencias de las Cortes y de la Cámara de Cuentas. Menos despistados estaban CHA e IU, que llevan años abogando por controles parlamentarios a todas las entidades y sociedades que cuenten con dineros públicos. Ahora hay un problema legal y otro político. El legal afectará a datos confidenciales de Aramón y de ZAV y el informe de la Cámara tendrá que reflejar qué datos le han sido facilitados y qué datos le han sido negados, con la consiguiente polémica.
