La capitalización de la deuda convertiría las entidades en socios de la EMAP con un porcentaje importante. La operación trataría de saldar con títulos una parte de los 27 millones de euros que la empresa tiene comprometidos con el sector financiero. El común y la oposición a la par en el proyecto, según diferentes fuentes cercanas a la negociación, y consideran que es la única vía para garantizar el futuro de un campo de nieve ahogado por las deudas.

La banca, sin embargo, manifestó de entrada que el Gobierno debería estar presente en la operación. Las entidades piden garantías de futuro. Por un lado, quieren tener claro que el común no verá recortados los ingresos por transferencias del año próximo. La Ley de finanzas comunales establece que en 2013 todos los comunes que continúen superando el 200% de deuda respecto a los ingresos anuales dejarán de recibir transferencias hasta que no estén dentro de los límites. La Massana se encuentra en el 330% actualmente, y se considera imposible que la corporación entre en los parámetros del próximo año. Las entidades creen que el Gobierno y el Consejo deberán estar de acuerdo en aplicar una moratoria para dar margen al común para enderezar la situación. Es cuestión de tiempo que el Gobierno entre directamente en conversaciones con la banca para aportar las garantías que den viabilidad al trato. El ejecutivo es consciente de que debe ayudar a que el operció fructifique, por el bien del sector turístico en particular y del país en general.


El común se encuentra en situación de aceptar la cesión de buena parte del accionariado. Las entidades, sin embargo, no quieren quedarse con la estación, ya que consideran que no forma parte de su negocio gestionar estaciones de esquí. La mayoría están dispuestas a capitalizar parte de la deuda, aunque hay una que está siendo especialmente reticente. Al tratarse de la entidad con más peso en la deuda de la estación, su cambio de posición es clave para que las conversaciones fructifiquen. El sector ve en general que se ha de conseguir la continuidad de la estación como uno de los motores económicos. La discusión no es tanto quién asumirá la gestión, porque la administración local es la primera de aceptar que se privatice.

Uno de los aspectos importantes es la consecución de una nueva póliza de crédito. Las vías actuales ya están agotadas, aunque la empresa ha ido consiguiendo que se renovaran. La estación necesita una cierta inyección de liquidez, ya que para empezar a funcionar en noviembre tiene que hacer una serie de gastos iniciales. Posteriormente, con los ingresos de los forfaits se va compensando el desfase de principio de temporada. Dentro de la negociación con las entidades bancarias se incluye la opción de la nueva línea de crédito.

El Gobierno, según otras fuentes, está muy interesado en que la operación entre el Comú y la banca salga adelante. Manifestó la voluntad de ayudar y de involucrarse si es necesario. A estas alturas, sin embargo, sólo tiene contactos bilaterales con el común.

La difícil situación económica de Pal-Arinsal no compromete la apertura de pistas para la nueva temporada. Aunque no se haya cerrado un acuerdo con la banca, la estación de esquí abrirá puertas en noviembre. El objetivo, sin embargo, supone hacer una reducción importante de los gastos. Las órdenes son estrictas, porque la credibilidad para enderezar la situación pasa porque se demuestre que la gestión puede hacerse de manera mucho más cuidadosa. La voluntad es llevar la estación de una forma tan estricta como si fuera una empresa privada. Así, se reducirá el número de trabajadores y el gasto en bienes corrientes y servicios.

La consigna es evitar cualquier gasto no estrictamente necesaria. El cierre de cuentas de la temporada pasada (especialmente mala para los factores meteorológicos) ha sido muy negativo, con un déficit de 3,5 millones de euros. Ha sido el golpe de gracia para revertir de manera radical la gestión de la estación de esquí.