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ALCCB dijo que el proyecto de ley presentado ante el parlamento de la provincia de Columbia Británica permite que las autoridades entren en propiedades privadas donde se concentran los eventos olímpicos para retirar o tapar pancartas o carteles con mensajes opuestos a los Juegos Olímpicos. De aprobarse el proyecto de ley, las ciudades afectadas serían Richmond, Whistler y Vancouver.

Las autoridades canadienses también quieren que las personas que coloquen pancartas anti-olímpicas puedan ser multadas con hasta 9.500$ diarios y puedan ser condenadas con hasta seis meses de prisión. La propuesta también recorta de dos semanas a 24 horas el tiempo dado para que se retiren las pancartas antes de que las autoridades lo hagan a la fuerza.

Robert Holmes, presidente de ALCCB, criticó a través de un comunicado, el proyecto de ley por anteponer los intereses políticos a los derecho civiles.

Pero el Gobierno de Columbia Británica dijo que el proyecto de ley no otorga más poderes a las autoridades locales excepto la capacidad temporal para "remover de forma más rápida pancartas y grafiti que violan las leyes municipales" durante los Juegos Olímpicos de Invierno. En junio la ciudad de Vancouver ya aprobó una ley para restringir la distribución de material y pancartas en áreas próximas a los eventos olímpicos.

Vancouver dijo que el objetivo de la ley son materiales publicitarios que intenten aprovecharse de los Juegos Olímpicos pero ALCCB dijo que el texto de la ley es demasiado vago y puede incluir material contrario a la celebración de los Juegos Olímpicos.

El proyecto de ley para retirar pancartas anti-olímpicas no es la única polémica creada en torno a los Juegos de Invierno 2010. En septiembre, ALCCB reveló documentos del Gobierno provincial que detallaban planes para arrestar vagabundos y personas sin techo y forzarlos a permanecer en refugios durante la celebración de los Juegos Olímpicos.
Varios grupos de activistas han protestado la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver desde que la ciudad fue elegida por el Comité Olímpico Internacional (COI). Los activistas denuncian que el dinero destinado a los Juegos debería ser gastado en proyectos sociales.